Un hito relevante en medio de su tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) consiguió la megalínea Kimal-Lo Aguirre, que unirá Antofagasta y Santiago e involucra una inversión de unos US$ 1.500 millones. Según información a la que tuvo acceso DF, la semana pasada el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) concluyó el Proceso de Consulta a los Pueblos Indígenas (PCPI) tras 470 días que implicó esta etapa, el cual es un requisito obligatorio cuando un proyecto puede afectar directamente a pueblos originarios.
El proceso, que se inició en junio del año pasado y se desarrolló conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al Reglamento de la Ley N°19.300, y que busca resguardar los derechos de los pueblos indígenas, reconociendo su diversidad cultural y social, y asegurando su participación real en decisiones que les afectan, culminó con la firma de todos los protocolos de acuerdo final con las comunidades indígenas que fueron consultadas a lo largo del trazado de 1.342 kilómetros.
A lo largo de la evaluación, fueron consultados siete grupos humanos respecto de los cuales se reconocieron impactos significativos. Los participantes fueron la Comunidad Indígena Diaguita Los Morteros Hijos del Valle; la Comunidad Indígena Diaguita Cultural, Patrimonial y Trashumancia Mishqui Guintui Cachiyuyo; la Comunidad Indígena Diaguita Chipasse Te Sacha; la Comunidad Indígena Diaguita Cachina Las Pintadas; la Comunidad Chipasse Ta Ko de la Posada; la Asociación Indígena Chipasse Ta Maricunga y la Comunidad Indígena Diaguita Chipasse Ashpa.
En 2022, Conexión Kimal-Lo Aguirre -compañía formada para impulsar la iniciativa- inició un proceso de participación ciudadana temprana. En la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) -cuyo documento se ingresó en octubre de 2023- se incorporó información de 63 estudios antropológicos para evaluar los posibles impactos culturales. Inicialmente, la consulta se dirigió a cuatro comunidades, pero en marzo de 2025 se sumaron otras tres, debido a modificaciones en el proyecto.
Lo anterior, ya que en noviembre del año pasado la firma ingresó la primera adenda en el marco de su tramitación ambiental con respuestas a casi 2.600 observaciones, contemplando un leve ajuste en la extensión de la megalínea. En concreto, si bien la extensión original del proyecto era de 1.342 kilómetros, ahora se plantean 1.346 kilómetros, asociado a la instalación de 2.691 torres.
Con el cierre del proceso de consulta a pueblos indígenas, la evaluación de impacto ambiental del proyecto llega a sus etapas finales. El 2 de octubre, en entrevista con CNN, la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, indicó que es "probable" que esta iniciativa lograra ser aprobada prontamente. Consultada por cuándo se podrá dar el visto bueno final a esta obra, remató: "Este último trimestre del año, de todas maneras".
Reacciones
Frente a este hito, la directora ejecutiva del SEA sostuvo que “el proceso fue ágil, riguroso, transparente y respetuoso de los derechos de los pueblos indígenas. Nos enorgullece haber llegado a acuerdos con todas las comunidades participantes, incorporando medidas y compromisos ambientales voluntarios que mejoran el proyecto, y ello con la participación de la empresa”.
Mientras, la gerenta de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Conexión Kimal-Lo Aguirre, Carola Venegas, aseguró que “este proceso no sólo nos permitió llegar a acuerdos, sino que también establecer una relación de largo plazo con las comunidades. Hoy el proyecto se integra como un vecino más en los territorios que atraviesa”.
En esa línea, el presidente del Consejo Territorial Diaguita del Valle del Huasco, Gilberto Álvarez, puntualizó: “Fue una consulta fluida. La gente quedó satisfecha con los logros y se aclararon todas las dudas. Hubo una buena disposición de la empresa para entender nuestras costumbres y eso generó un trato grato y respetuoso”.
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