Este jueves la central Bocamina II completará 100 días paralizada por orden de la Corte de Apelaciones de Concepción y el sobrecosto para el Sistema Interconectado Central (SIC) de esta medida ronda los US$ 100 millones, según cálculos de Endesa Chile, propietaria de esta termoeléctrica a carbón.
Esta cifra se explica por la entrada en operación en este período de centrales menos eficientes -fundamentalmente a diésel- en reemplazo de esta unidad, que en marzo de 2013, por ejemplo, aportó el 5,5% de la generación del principal sistema eléctrico del país.
Fuentes de la eléctrica controlada por el grupo Enersis explicaron que el consumo diario de petróleo para sustituir a Bocamina II equivale a cinco veces el consumo del Transantiago o bien, si la opción fuera suplir esas inyecciones de energía con generación hidráulica, ello representaría todas las extracciones realizadas por los regantes durante esta temporada desde el Embalse del Laja, que es la mayor reserva hidroeléctrica del SIC.
Este volumen -dicen en la industria- no es menor y da cuenta de la dimensión del costo que este tipo de decisiones judiciales tienen sobre las reservas hídricas en períodos de sequía como el actual, que en 2013 completó el cuarto año consecutivo.
Una de las consecuencias más evidentes del mayor uso de diésel en la generación es el aumento en el costo marginal, ya que este combustible es la fuente más cara y menos eficiente de la matriz eléctrica (ver página 6).
Piden suspensión
El viernes pasado Endesa Chile pidió por tercera vez al tribunal de alzada penquista que suspenda la orden de no innovar que impide operar Bocamina II.
La solicitud se basa en una serie de nuevos antecedentes que fueron proporcionados y que acreditan, a juicio de la eléctrica, que el funcionamiento de la central cumple con las normas que regulan la actividad, no existiendo contaminación, riesgo o daño a la salud de las personas y al medio ambiente.
Entre los documentos proporcionados por la eléctrica figuran informes asociados al cumplimiento de la norma de termoeléctricas, vigente en una primera etapa desde este año, así como de otras normativas relacionadas con residuos líquidos y mitigación de ruidos y en el sistema de succión.
A lo anterior se suma una declaración del organismo pertinente dando cuenta de que en 2013 (hasta el 30 de noviembre) la central no excedió la generación máxima autorizada por la autoridad.
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