La semana pasada Latin Lawyer dio a conocer la esperada lista anual de firmas de abogados “Elite” de cada país. Chile no fue la excepción y nuevamente se repitieron las misma siete oficinas del año anterior: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Diez Pérez Cotapos, Claro & Cia, Morales & Besa, GuerreroOlivos y Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría (PPU).
Estudios, que tal como ha definido la publicación especializada, son los que “lideran el camino de sus respectivos mercados, por el trabajo que hacen para sus clientes”.
Justamente por su posicionamiento en la industria legal consultamos a varios de sus socios acerca de la reciente –y sorpresiva- elección de convencionales constituyentes, y el proceso que va tomando forma.
Un mapa que incluye nuevas sensibilidades, muchas ajenas al espectro político tradicional, pero donde predomina fuertemente la presencia de abogados (alrededor de 60 ejercen y otra decena son egresados de Derecho). Y es este hecho, quizá el punto que más valoran de la reciente elección.
“Es importante la presencia de abogados y abogadas en la Convención Constituyente puesto que manejan conceptos fundamentales en materia constitucional. Esto permitirá discriminar qué temas deben estar consagrados en la nueva Constitución y cuáles deben ser materia de ley o de política pública, permitiendo una adecuada combinación entre ambas…esto facilitará que se logre un texto moderno y que permanezca en el tiempo”, explica el socio director de PPU, Andrés Sanfuentes.
La socia administradora de Morales & Besa, Macarena Laso coincide con lo anterior y añade que además expertise en temas legales, el que haya un buen porcentaje de abogados y egresados de la carrera “debiera ser una importante contribución a la discusión, de tal forma que los procesos de negociación puedan ser más fluidos y constructivos”, señala.
El socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, Sergio Díez destaca por sobre todo la diversidad de los integrantes de la Convención. “La inmensa mayoría de las personas elegidas son profesionales o cuentan con oficios, lo que aportará diferentes miradas y realidades. Y que de ellos, una gran mayoría sean abogados me parece un aporte, porque conocemos bien la Constitución y su historia, su significado e importancia, tanto en el desarrollo del país como en su estructura legislativa; sabemos de teoría constitucional y de la fortaleza de las instituciones”.
La hora de la reflexión
Aunque ninguno de ellos esconde su sorpresa frente al resultado electoral, señalan que lo importante ahora es reflexionar con apertura sobre qué significa la irrupción de las candidaturas independientes y nuevos actores políticos para entender los alcances que podría tener este elemento en la redacción de la nueva Constitución.
“Es justo dar tiempo para ver cómo se desempeñan antes de emitir un juicio. Creo que, habiendo concluido recién la fase de elección, es momento de escuchar, centrarse en construir y dejar de lado lo que nos ha mantenido divididos y friccionados como sociedad”, agrega Laso.
Díez agrega que aunque esta independencia y desafección de los partidos políticos podría ser vista como una debilidad, es –a su juicio- un aspecto positivo y su gran fortaleza, particularmente en lo que se refiere a “no seguir instrucciones de partido; no usar el proceso como un trampolín personal en una carrera político partidista; no estar sometido a consignas envasadas; y legislar con la mente abierta a los intereses del país y no a los de una colectividad política determinada”.
Pero, ¿dónde están los puntos de mayor preocupación? Para socio de Cariola, los riesgos están en el exceso de regulación, la disfuncionalidad normativa, los efectos colaterales de normas que, por el plazo impuesto, añade, “no serán suficiente y profundamente analizadas en todos sus impactos en la sociedad”.
Para Macarena Laso, en tanto, la principal preocupación es esta idea de “la hoja en blanco” que han esbozado algunos grupos, “porque creo que es importante reconocer y valorar la institucionalidad del país y lo bueno que hemos logrado. Esto último no implica no reconocer la voluntad de la ciudadanía de una nueva constitución”, puntualiza.
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