Chile Rural y polémica por las parcelas: “Claramente existe una ilegalidad porque las cosas no se hicieron de buena manera”

La instrucción que hace algunas semanas dio el Ministerio de Agricultura al Servicio Agrícola Ganadero (SAG), a través de una circular, respecto de suspender el proceso de subdivisión de predios agrícolas que eventualmente pudieran cambiar a un destino habitacional, ha generado una polémica transversal. De tal manera que a los críticos que han acusado la acción como “arbitraria”, ahora se suma la Asociación Chile Rural, compuesto por un grupo de 50 empresas y gremios -entre los que destacan Tierras de Chile, Compra tu Parcela y Captta- que en las próximas semanas acudirá al Congreso en Valparaíso a exponer sus inquietudes frente a un tema que, bajo su juicio, resulta totalmente ilegal.

Así lo describe Francisco Castro, director de esta organización, quien cuenta que si bien la asociación existe desde mucho antes del envío de esta circular al SAG, fue precisamente aquel hecho el que motivó a los miembros a tomar cartas en el asunto con la idea de no solo “generar mesas de diálogo” entre las autoridades y quienes podrían resultar directamente afectados, sino también instar a que los organismos estatales y de gobierno “se apeguen a lo que la ley indica”, según dice.

“Nosotros aportamos con la primera vivienda. Aquí no estamos hablando de la casa del lago, de la quinta vivienda ni el departamento de la playa”, dijo.

Francisco Castro, director de la Asociación Chile Rural.

Esto, debido a que desde la entidad califican esta instrucción originada desde la cartera del ministro Esteban Valenzuela como “ilegal”, ya que se entrega una atribución a un organismo que en realidad no le compete, ni cuenta con las herramientas para verificar la veracidad de lo que se está solicitando, explica el Castro. Y, en este sentido, comenta que “el único trabajo del SAG es certificar que el desarrollador que está haciendo esta comercialización de parcela o el proceso de inscripción cumpla con la normativa establecida”. Es decir, que verifique si el predio en cuestión cuenta con una superficie de 0,5 hectáreas o no.

Añade que de acuerdo al artículo 2° de la Ley 3.516, referida a la división de predios rústicos, son los Juzgados de Policía Local las entidades encargadas de aplicar multar y/o paralizar obras en caso de que se infringiera dicha norma. No el SAG. Y es justamente este el punto que hoy complica a la Asociación Chile Rural, que insiste en que “claramente existe una ilegalidad porque las cosas no se hicieron de buena manera”, sostiene Castro. Y agrega que con esta acción “no sólo le pega al gremio de los desarrolladores, sino también a gremios de exportaciones agrorurales”.

“Como no le preguntaron a nadie, el ministro terminó dando explicaciones, indicando que no era tan así, que no iban a prohibir. Pero lanzaron la piedra y después se dieron cuenta que lo que lanzaron estaba mal enfocado. Y después de eso nos invitaron a dialogar”, dice.

El déficit habitacional

Además, otro de los puntos que rebate el gremio, es que, a diferencia de lo que plantea la autoridad, es muy difícil que quienes adquieren predios agrícolas cambien su destino a uno habitacional. Así, Castro explica que, al menos las empresas que conforman el gremio, incluyen en los documentos de compraventa una cláusula que prohíbe al cliente cambios en el uso del suelo. “Y es ahí donde se genera esta discusión errónea respecto a la unidad fiscalizadora, porque ellos dan a entender que finalmente el destino que se le dará a esto será urbano, perdiendo calidad y eso en ningún caso pasa. Nuestros clientes lo que buscan es salir de lo urbano a lo rural”, comenta.

Y a eso se suma otro reparo que apunta al déficit habitacional, en el sentido de que, según indica el vocero, la mayoría de estos terrenos en cuestión no son adquiridos por familias de estratos sociales altos, sino que por aquellas personas que “hoy no cuentan con un patio, tranquilidad a causa de la delincuencia, y no tienen vida familiar”, por lo que postulan a subsidios habitacionales para “desarrollarse de mejor manera”.

“Nosotros aportamos con la primera vivienda. Aquí no estamos hablando de la casa del lago, de la quinta vivienda ni el departamento de la playa”, asegura.

Sin embargo, pese a las falencias de la circular que acusan, para la asociación no todo son críticas, pues reconocen que el documento emitido “rescata muchos puntos” de la actual normativa. Y es en este contexto Castro menciona que dada la formalidad y oportunidades de trabajo que da este sector, es importante contar con normas que guíen a las empresas insertas en el rubro. Y agrega que “claramente somos los más interesados en que esto esté regulado de una buena manera”.

El gremio se reunirá en las próximas semanas con la comisión del Senado encargada de revisar en profundidad este tema. Pero no es el primer acercamiento que tienen con las autoridades. Hace algunos días, y tras el anuncio desde el Minagri, se reunieron con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y quien -tras escuchar sus preocupaciones- resolvió extender una invitación para una mesa de diálogo con parlamentarios.