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Publicado: Lunes 11 de enero de 2021 a las 04:00 hrs.
Fue en 2003, cuando la viña francesa Barón Philippe de Rothschild puso su bandera en Chile con el objeto de producir en el país mostos de alta gama: uno de sus primeros fue el reconocido internacionalmente Almaviva. Una década después, la empresa lanzó una nueva apuesta llamada Anderra, para lo cual adquirió bajo un leasing con el Banco de Chile, 960 hectáreas de Viña Villavicencio, en la Región del Maule.
“No obstante la gran inversión que el leasing ha supuesto para nuestra representada, quien ha soportado durante siete años el pago de las correspondientes rentas, en la práctica se ha visto totalmente privada del uso y goce de los Derechos de Agua consistentes en 81 acciones del Canal Melozal”, señalaron los abogados de la viña en una demanda de rectificación del registro de la Comunidad Aguas Canal Melozal.
En su acción judicial, los expertos afirmaron que la comunidad de aguas ha negado la inscripción de las acciones sobre la base de un “grave error”, el que –afirmaron- permitió posteriores transferencias de acciones, generándose una duplicidad entre inscripciones de derechos de aprovechamiento de aguas propiamente tales, que son en la actualidad de propiedad del Banco de Chile y objeto del leasing, y otras que no amparan ni pueden amparar –dijeron- derecho de aprovechamiento de aguas alguno.
La viña presentó la acción judicial a fines de agosto del año pasado, y aún no son notificadas todas las partes involucradas.
De acuerdo a datos de la Dirección del Trabajo, los despidos totales -que incluyen todas las causales por las que se podría dar término a una relación laboral, además de necesidades de la empresa- también anotaron una caída en abril.
A través de Leap, el brazo de capital de riesgo corporativo de la caja de compensación, invirtió en la firma de turismo accesible. Cuenta con un fondo de US$ 9 millones, con el que espera respaldar a 20 startups.
El último de los tres procesos que enfrentaba al Estado con la sociedad de origen francés finalizó hace poco más de un mes. La firma pedía US$ 50 millones de indemnización.
El regulador acusó falta de debida diligencia, no informar a la totalidad de los aportantes los golpes al vehículo por el factoring y no contabilizar oportunamente las pérdidas esperadas. Aplicó una multa de UF 600 para la AGF.
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