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REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Viernes 13 de diciembre de 2013 a las 05:00 hrs.
Luego que el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, anunciara que el organismo pedirá un arbitraje en la Cámara de Comercio de Santiago para zanjar las diferencias en el pago de arriendo de pertenencias en el Salar de Atacama, la compañía decidió dar a conocer su postura.
SQM señala que a la fecha “ha pagado a Corfo más de US$ 174 millones por concepto de dicho arriendo” y agrega que ha realizado los pagos a través de “79 rendiciones trimestrales detalladas y en las que ha proporcionado a Corfo, con cada pago, los antecedentes y los métodos de cálculo vinculados a cada uno de ellos”.
La compañía explica que sólo durante 2012, pagó US$ 27,6 millones al organismo, “y los mismos, para dicho período, solucionan de manera íntegra las obligaciones contractuales” de la firma con Corfo. Repecto del arbitraje, señala que “tal solicitud fue debidamente informada por Corfo a SQM con la anticipación debida” y añade que “efectivamente existe una controversia en virtud de que Corfo busca ahora cambiar el criterio que las partes han aplicado por cerca de 20 años para calcular las rentas respectivas. SQM difiere de Corfo y está de acuerdo en someter dicha controversia al arbitraje”.
SQM dice que Corfo ha ejercido durante 20 años todos los derechos de control y de supervisión que le confiere el contrato. De hecho, en múltiples oportunidades, “autoridades, auditores y ejecutivos” del organismo y del Sistema
de Empresas Públicas y han visitado las operaciones en el Salar
de Atacama y recibieron “todos los antecedentes que han estimado pertinentes, han auditado las
liquidaciones trimestrales de rentas y los pagos asociados y han manifestado su conformidad con ello y con la plena colaboración prestada por SQM.
El Estado oficializó modificaciones al contrato en un tramo de la ruta 160. Esta nueva inyección de recursos está destinada a ejecutar 23 obras, proyectos de ingeniería y un sistema de videovigilancia con cámaras.
Nuevo dictamen del servicio dejó sin efecto la doctrina emitida a finales de 2025, que había reconocido como un “acuerdo colectivo atípico” el pacto suscrito entre la CTC, Codelco y Agema.
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Aunque no revelaron montos, esta compra le permite a la proptech chilena allanar el camino hacia Argentina, Uruguay y Paraguay. Además, en las próximas semanas abrirán su primera oficina en Perú.
La firma explicó que si bien desde el punto de vista legal "es indiscutible e inobjetable que la marca pertenece a la actual sociedad de profesionales", la decisión de dejar de utilizarla "obedece a una reflexión estratégica orientada a proyectar una visión de largo plazo".
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