Una nueva arista está tomando la larga disputa entre la industria salmonera y la ONG Oceana, después que esta última intentara acceder a información pública sobre la cantidad de antibióticos por empresas entre el periodo 2009-2013.
Ahora, después que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera esta solicitud, el gremio que reúne a los actores de esta industria acudió al Tribunal Constitucional, para frenar se obligue a dar esta información.
El uso de los antibióticos es un tema sensible para la industria salmonera desde que estalló la crisis del virus ISA. Desde ese momento, el sector se ha enfocado en informar que cuando se consume salmón que ha finalizado su proceso productivo, no existe traza de antibióticos, ya que ha pasado por un periodo de carencia, lo que además es chequeado por el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca).
En 2014, Oceana pidió a Sernapesca conocer la totalidad de los antibióticos utilizados entre 2009 y 2013 de forma desagregada, es decir empresa por empresa. Ante esto, el organismo no entregó la información, pues no todas las compañías aportaron los datos requeridos.
En su momento, algunas salmoneras argumentaron que esa información es delicada y puede afectar comercialmente a la industria.
Disputa en la justicia
Fue así como Oceana interpuso un reclamo ante el Consejo para la Transparencia señalando que por ley era obligación de Sernapesca mantener la información disponible respecto de la situación sanitaria de las salmoneras y de el uso de agentes antimicrobianos.
El Consejo determinó en abril del año pasado que ese organismo público no estaba obligada a otorgar dicha información, dado que se podría afectar la competitividad del salmón local.
Pero esta decisión no supuso el fin de la disputa. Luego de conocida la resolución, Oceana decidió presentar un recurso reclamando ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Santiago. Y la posición de la corte fue diametralmente opuesta a la del Consejo de la Transparencia, ya que sentenció que la información requerida no tiene valor comercial ni revela procesos productivos industriales, por el contrario, “pretende asegurar que la resistencia bacteriana de los antibióticos aplicados a los salmones no se transfiere al ser humano, junto con preservar el medio ambiente ante el uso de los mismos”.
En el documento donde se explicó la postura, la Corte agregó que la “difusión de estas cifras causaría un beneficio, al poderse efectuar los controles sanitarios que objetivamente protegen a toda la población”.
Así, finalmente, representantes de la industria salmonera llegaron hasta el Tribunal Constitucional, organismo que deberá decidir ahora se debe entregar o no estos datos.
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