Por Hernán Vargas S.
Que la infraestructura financie otras obras, idea matriz del proyecto que crea un fondo de infraestructura que se tramita en el Congreso, genera consenso en la industria, no obstante, han aparecido dudas sobre las atribuciones que tendrá esta empresa pública y los impactos en el sector de concesiones.
El consultor en infraestructura y ex director de OHL en el país, Sergio Merino, sostiene que el planteamiento inicial del proyecto es positivo, pero que es necesario cambiar su enfoque. A su juicio, entre las dudas que abre la redacción del documento, está la opción de que el fondo sea un competidor que corra con ventajas frente a los actores financieros que actúan en concesiones.
Merino comenta que el proyecto establece la posibilidad que esta nueva empresa invierta en acciones de concesiones y garantice su financiamiento, pero explica que en el sector privado sí existen actores que financian obras.
“Yo no he visto proyectos que no tengan financiamiento, por lo que no sé por qué armar una entidad que venga a solucionar un problema no existente y, además, podría competir con ventajas porque su costo de fondo es muy bajo”, opina.
Fondos de pensiones, bancos o compañías de seguros son parte de los actores financieros que actúan en el sector y han jugado un rol importante en el “reciclaje de las inversiones”, es decir, cuando las constructoras que ejecutaron la obra quieren vender su participación y, así, hacer caja para participar en otra licitación, son estas empresas las que tienen interés en comprar.
“Se transforma (el fondo) en un competidor, que posee ventajas, de los actores financieros. No compite con constructoras o con las operadoras, pero si preocupa que pueda participar en el financiamiento o comprar acciones de concesionarias”, comenta.
Esto podría desincentivar a estas empresas de participar en el sistema, porque el costo de fondo de la empresa estatal sería inigualable.
Pero no es la única duda que le genera el proyecto al consultor. El escrito establece que el Estado le transferirá bienes al fondo para que entreguen en concesión, pero no está claro quién estará a cargo de poner las condiciones para esos llamados.
“Si se le transfieren bienes para que los entregue en concesión, queda la duda sobre quién define los criterios de la nueva concesión. Por ejemplo, para una carretera, se define la inversión que se requiere, el estándar y las tarifas. En este caso ¿lo hará el fondo o el MOP? Actualmente esto lo hace el Ministerio, pero si lo hiciera esta nueva empresa pública queda la duda si maximiza derechos de concesión o el nivel de satisfacción de los usuarios”, dice.
Explica que si la empresa maximiza derechos de concesión, para poder desarrollar más infraestructura, que es el objetivo del fondo, se corre el riesgo que las tarifas sean altas o que las exigencias sean bajas. “No queda claro en el proyecto de ley cuál es la política de estándares y tarifas. Se podría dar que se tenga un peaje caro, con un estándar bajo, en la búsqueda de maximizar los derechos de concesión”, profundiza.
También, dice, el concedente sería la nueva empresa, pero está la duda de cómo se hará cargo de las obligaciones que hoy tiene el Estado, como las expropiaciones o los trámites ambientales.
Por eso, propone que se debería mantener el principio que la infraestructura financie a la infraestructura, pero los dineros podrían usarse para entregar subsidios a proyectos. Eso sí, que haya recibido todas las aprobaciones para la entrega de subsidios.
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