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Isapres: Plan básico implicaría merma de US$ 600 millones
Asociación de Isapres dice, además, que de rechazarse ley corta subirá judicialización.
Por: | Publicado: Martes 12 de abril de 2011 a las 05:00 hrs.
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Andrés Pozo B.
Con preocupación ven desde las Isapres el momento que vive la salud privada, esto a raíz de la votación del proyecto de Ley Corta, que busca incluir en la ley una tabla aplanada de factores de riesgo y crear un IPC de la salud, para el reajuste de los precios de los planes.
Además, en medio de la discusión sobre la posible creación de un plan básico de salud, como lo propuso la comisión presidencial sobre el tema el año pasado, ya se comienzan a sacar las primeras cuentas.
Se calcula que actualmente los costos directos en prestaciones de salud del sistema privado, que incluye los honorarios médicos, uso de infraestructura clínica y los costos en procedimientos, bordea los US$ 1.800 millones. Si se aplicara un plan básico de salud, el que tendría un costo estimado de 1 UF por persona, desde las Isapres estiman que se lograrían costear sólo del orden de US$ 1.200 millones, con lo que se produciría una merma de US$ 600 millones que no está claro cómo se financiará.
Según ha señalado el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se licitará un estudio internacional para determinar el valor final que tendría este plan y qué cosas incluiría.
Recursos en judicialización
El presidente de la Asociación de Isapres, Hernán Doren, salió a defender el proyecto de Ley Corta que debe ser votado en particular en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Destacó que es una solución que mejora la situación de incertidumbre producto de la judicialización del sistema. Según explica, por este concepto, las Isapres han desembolsado $ 1.500 millones. Se proyecta, además, que dada las alzas de precios base informadas en marzo, podrían aumentar el número de causas a tribunales.
Concertación pedirá retiro del proyecto
En el marco de la reunión de coordinación de la Concertación, los parlamentarios del bloque reafirmaron su rechazo al proyecto de ley y acordaron solicitarle al gobierno que lo retire de trámite.
De no obtener una respuesta positiva, ratificaron que será rechazado en el Senado, donde la coalición de oposición cuenta con la mayoría.
Con preocupación ven desde las Isapres el momento que vive la salud privada, esto a raíz de la votación del proyecto de Ley Corta, que busca incluir en la ley una tabla aplanada de factores de riesgo y crear un IPC de la salud, para el reajuste de los precios de los planes.
Además, en medio de la discusión sobre la posible creación de un plan básico de salud, como lo propuso la comisión presidencial sobre el tema el año pasado, ya se comienzan a sacar las primeras cuentas.
Se calcula que actualmente los costos directos en prestaciones de salud del sistema privado, que incluye los honorarios médicos, uso de infraestructura clínica y los costos en procedimientos, bordea los US$ 1.800 millones. Si se aplicara un plan básico de salud, el que tendría un costo estimado de 1 UF por persona, desde las Isapres estiman que se lograrían costear sólo del orden de US$ 1.200 millones, con lo que se produciría una merma de US$ 600 millones que no está claro cómo se financiará.
Según ha señalado el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se licitará un estudio internacional para determinar el valor final que tendría este plan y qué cosas incluiría.
Recursos en judicialización
El presidente de la Asociación de Isapres, Hernán Doren, salió a defender el proyecto de Ley Corta que debe ser votado en particular en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Destacó que es una solución que mejora la situación de incertidumbre producto de la judicialización del sistema. Según explica, por este concepto, las Isapres han desembolsado $ 1.500 millones. Se proyecta, además, que dada las alzas de precios base informadas en marzo, podrían aumentar el número de causas a tribunales.
Concertación pedirá retiro del proyecto
En el marco de la reunión de coordinación de la Concertación, los parlamentarios del bloque reafirmaron su rechazo al proyecto de ley y acordaron solicitarle al gobierno que lo retire de trámite.
De no obtener una respuesta positiva, ratificaron que será rechazado en el Senado, donde la coalición de oposición cuenta con la mayoría.