Una alerta levantó la tarde de este miércoles la exdirectora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán, respecto a la tramitación en paralelo que se está desarrollando en el Congreso de dos articulados relevantes: la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que pasó a segundo trámite constitucional y el proyecto de reconstrucción y reactivación nacional que debe comenzar a sortear sus primeras vallas.
Tras ser invitada a la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados en el marco de la tramitación de la reforma al SEIA, la hoy profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile recalcó que sin duda el SEIA "es un gran activo nacional y tiene por supuesto importantes oportunidades de mejora desde varios aspectos, entre ellos por cierto su eficiencia".
A su juicio, es conveniente realizar estos ajustes "que son tan incidentes para la inversión y para el desarrollo sostenible de manera consistente, armónica y ordenada, con base de evidencia y suficiente diálogo para mantener la confianza que se ha construido". También es deseable mirar -dijo- el sistema en su globalidad y buscar la mejora que requieren los nombramientos y los procedimientos ante los Tribunales Ambientales.
Y advirtió: "No atender a las verdaderas causas de los desafíos del sistema nos puede llevar a cometer errores. En ese sentido, por supuesto me inquieta que exista esta tramitación paralela del proyecto de Ley de Reconstrucción que modifica en algunos casos los mismos artículos".
"La tramitación simultánea de dos proyectos de ley que modifican las mismas disposiciones en algunos casos, es compleja. Esta dificultad ha sido advertida en su reciente informe por la Excma. Corte Suprema que ha reiterado las opiniones que este proyecto que hoy comentamos además de manifestar importantes aprensiones a los aspectos ambientales que contiene el proyecto de ley de reconstrucción", complementó luego en una minuta difundida a la comisión.
En su intervención ante los diputados, hizo una completa revisión del funcionamiento del SEIA y de posibles mejoras. Según señaló, es un sistema que ha sido punta de lanza de participación ciudadana y un procedimiento que efectivamente ha conocido un aumento de los tiempos de tramitación, que -aseguró- "es un fenómeno multicausal y que por supuesto que debe ocuparnos".
"Esto se explica no por las demoras del SEA, sino por la necesidad de los proyectos de completar la información que las autoridades le solicitan y que a su vez está sujeto, y esto es muy importante, al control de una judicatura especializada con abogados y licenciados en ciencias, que son los Tribunales Ambientales y que son de alto nivel de exigencia", argumentó.
¿Por qué es necesario modernizar y modificar la evaluación de impacto ambiental? "Esto es necesario para aumentar y transversalizar su legitimación ante la ciudadanía y ante todos los actores para hacerla más eficiente en términos de costo, para hacerla más eficaz y flexible en la consecución de sus objetivos ambientales y que se centre la evaluación en aquello que es más relevante en términos ambientales", lanzó.
En ese sentido, dijo estar de acuerdo con lo señalado por el también exdirector ejecutivo del SEA, Ricardo Irarrázabal, respecto a atender a los riesgos, las dificultades y que se facilite también la incorporación de los cambios que los proyectos sufren y deben sufrir naturalmente en su desarrollo.
Mejoras al SEIA
En concreto, sobre la reforma al SEIA, comentó que el articulado avanza en varios de esos objetivos planteados y también deja sin abordar de manera suficiente algunos de ellos.
Sobre la orgánica del SEA, Durán cree que "más importante que la orgánica es la necesidad de una revisión más profunda de las reglas de evaluación y de calificación (...) Estimo que contribuye a la certeza jurídica y a la confianza en el sistema todo aquello que implique reforzar la rectoría técnica del SEA", dijo. De hecho, aseguró: "Creo que la rectoría técnica se puede reforzar aún más".
Y agregó que sería interesante darle un papel de evaluación más que de administración del SEIA. Es decir, por ejemplo, permitir en las facultades y funciones que el SEA disponga de programas de evaluación como los tiene la Superintendencia, que permitan focalizar recursos, reforzar su facultad para impartir instrucciones generales a todos los administrados y unificar criterios.
También la exautoridad celebró que se incluya un recurso jerárquico respecto del término anticipado de proyectos, porque esto permite también afianzar esta rectoría técnica que debe tener la Dirección Ejecutiva. Por esta misma razón, indicó que está en desacuerdo con que no se exija el agotamiento de la vía administrativa y se permita saltarse el recurso administrativo contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para acudir directamente al tribunal ambiental competente.
Porque -dijo- "se quita la oportunidad de la Dirección Ejecutiva de unificar criterios (...) Estimo que eliminar este agotamiento de la vía administrativa podría además obstaculizar el acceso a la justicia ambiental, aumentar la litigiosidad y los plazos, disminuyendo la certeza jurídica", comentó en una minuta.
Y estimó que, para reforzar el carácter técnico del SEIA, sería importante reforzar y revisitar el papel del registro de consultores.
Además, dijo que prefiere unas declaraciones juradas bien reguladas a tener pertinencias vinculantes. "Invitaría a revisar esta idea combinada con una obligación de actualización periódica de las resoluciones de calificación ambiental, por ejemplo, cada cuatro o cada cinco años, a través de un mecanismo que ya existe que permite la posibilidad de tener resoluciones de calificación ambiental refundida", señaló.
Sobre la reducción de plazos en casos especiales, Durán sostuvo que es deseable que aquellos proyectos que atiendan necesidades impostergables y que, por ejemplo, permiten salvar vidas, puedan tener una evaluación más expedita.
Sin embargo, advirtió que la experiencia enseña también que no sirve de nada decir que los plazos van a ser más reducidos "si no se tiene proyectos buenos y completos", porque van a seguir necesitando estos proyectos suspensiones para llegar con la información necesaria o, de lo contrario, van a ser impugnados en sede judicial.
"El proyecto de Ley de Reconstrucción también plantea un mecanismo abierto a cualquier proyecto de reducción del número de adendas", dijo. Y agregó: "Por este desafío es que estimo que una buena idea de política pública futura podría ser la consagración de un mecanismo de asistencia al regulado. Se puede hacer mucho por gestión, pero también alguna consagración legal que pueda asistir de un punto de vista técnico a proyectos urgentes de alta relevancia social, como son, por ejemplo, los proyectos que presentan las municipalidades, que no siempre tienen las capacidades técnicas de presentar un buen proyecto".
Sobre quién califica un proyecto, reiteró que más importante aún que el órgano son las reglas, las causales de rechazo y los estándares de fundamentación. Dicho esto, dijo que le parece positivo el consenso en entregar esta responsabilidad a los directores regionales del SEA y a la Dirección Ejecutiva. Pero agregó: "Acompañando esta decisión de un refuerzo a las condiciones de salario y a su independencia y posibilidades de remoción. Mientras la SMA tiene sueldos con escala de fiscalizadores, las remuneraciones de los directivos del SEA no se condicen con la responsabilidad que hoy tienen y por cierto, con la que tendrían de aprobarse este cambio".
En tanto, comentó que la eliminación del Comité de Ministros para la revisión de los recursos contra las RCA que vienen de estudios de impacto ambiental ha generado consenso, puesto que este órgano se ha visto como un ejemplo de una decisión política, por su composición y designación de integrantes, independiente de cuán política y/o técnica sean sus decisiones en la realidad.
Eso sí, sostuvo que "el esquema de creación de consejos directivos presenta importantes complejidades prácticas, ya que el SEA necesita independencia y agilidad, y tener una especie de directorio al que responder puede tener riesgos de ineficiencia".
Apostar por la política pública
Pero Durán también fue más allá. A su juicio es necesario, paralelamente a mejorar el SEIA, que se apuesta por la política pública. "Necesitamos que se agilice los distintos decretos, necesitamos reforzar el Ministerio de Medio Ambiente. No tenemos, por ejemplo, normas de suelo, no tenemos una norma que nos diga cuál es el máximo de un contaminante que podemos tener en el suelo. ¿Cómo es posible? No tenemos todavía planes regionales de ordenamiento territorial", alertó.
Según explicó, en los países desarrollados no hay tanta polémica a propósito de la decisión que se da en el SEIA, porque hay mucho mayor densidad normativa. "A mayor densidad normativa, menos polémica en la evaluación de impacto ambiental", afirmó.
Y remarcó: "Yo insisto en que se necesitan mayores atribuciones para el SEA, inclusive la posibilidad de dictar instrucciones específicas".
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