No era evidente, pero finalmente -tras el aterrizaje del nuevo gobierno- se retomó la discusión de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en el Congreso, articulado que fue ingresado por la administración anterior y que logró avanzar a fases de votación.
El texto no sólo reactivó su marcha tras el receso legislativo. Ya pasó desde el Senado a la Cámara de Diputados, por lo que está en su segundo trámite constitucional.
Desde el Ministerio del Medio Ambiente adelantan a DF al ser consultados que “se buscará perfeccionar el proyecto de reforma al SEIA” y se ingresarán indicaciones, por ejemplo, en lo relativo al sistema recursivo en materia ambiental, “con el fin de establecer un régimen ordenado de recursos administrativos y judiciales”.
Sobre la evaluación de la marcha del texto y si hay preocupaciones importantes, aseguraron: “Estimamos que el proyecto avanza por buen camino, puesto que fue discutido y alcanzó consensos en su primer trámite constitucional. Por ello, se procurará mantener esa misma línea, sin perjuicio de que nos encontramos dispuestos a introducir mejoras de diseño”.
En cuanto a ajustes probables, Romina Tobar, directora área ambiental de Prieto, consideró que el gobierno “va a intentar armonizar lo relativo a la exclusión de la invalidación administrativa como vía para impugnar una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), especialmente considerando que se trata de un ajuste que también ha sido recogido en el proyecto de ley de reconstrucción”.
La socia de Eelaw, Paulina Riquelme, estimó que -por ejemplo- “el rediseño institucional requiere revisión, en la medida que se elimina el Comité de Ministros y se reduce el rol del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad -pasando de una obligación de pronunciamiento a una mera facultad-, lo que, junto con la concentración de decisiones en autoridades unipersonales del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), debilita la transversalidad y los contrapesos en decisiones de alta complejidad”.
Guías que no sean “mayor carga”
Un tópico que genera debate son las guías y criterios de evaluación que publica el SEA. De hecho, hace más de un año la CPC solicitó un pronunciamiento a la Contraloría por la legalidad de estos documentos, ya que -a su juicio- exceden su rol.
¿Cuál es la posición del SEA en esto? El director ejecutivo de la entidad, Arturo Farías, asegura que “las guías son orientaciones, instrucciones que se otorgan en este caso a los organismos del Estado para efectos de poder conducir adecuadamente la evaluación ambiental. No exceden el ámbito de las regulaciones”.
Agregó que “el SEA no tiene atribuciones para regular” y “tampoco es el objetivo que se busca con esa atribución, sino que justamente es uniformar criterios, es poder solucionar cuando hay disparidad de criterios técnicos entre distintos organismos que tienen competencias que se solapan”.
Por ello, acotó, “lo que busca es dar una orientación precisa al usuario para que la información que entregue sea la precisa, pertinente y adecuada”.
Consultado si, a diferencia de la administración anterior, habrá más cautela a la hora de impulsar nuevas guías, el líder del SEA indicó: “Mi administración va a estar marcada por lo que le corresponde al SEA, que es evaluar proyectos que están en el SEIA”.
En esa línea, Farías indicó que “hoy existe una cantidad importante de normas ambientales aplicables. Es importante dar espacio para la coordinación administrativa entre los distintos organismos públicos para poder también determinar cuáles son el marco de sus competencias y poder participar en forma ágil”.
Y sentencia: “No está obviamente dentro de las primeras actividades empezar a publicar más guías. Creo que los criterios que existen son suficientes, incluso algunos de ellos están en permanente revisión. El SEA ha publicado guías, pero esas guías están constantemente en revisión tanto de usuarios como titulares, pero también de los mismos organismos públicos”. Concluyó que “los funcionarios del SEA trabajan permanentemente en mejorar estos instrumentos cuyo objetivo es orientar, ordenar, dar certeza a los titulares y no poner mayor carga”.
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