Luego de jornadas de alegatos en la Tercera Sala de la Corte Suprema, ayer se cerraron las intervenciones por el proyecto minero portuario Dominga de la empresa Andes Iron, restando solo la decisión final del máximo tribunal.
Esto, tras discutir los recursos de casación que fueron presentados luego de que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenara retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior al informe consolidado de evaluación, estableciendo una nueva votación de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo.
En la última cita, el turno fue de Andes Iron que a través de su abogado, Luis Cordero, pidió de entrada que se rechacen los recursos de casación interpuestos y se confirme la sentencia del Tribunal Ambiental.
Gran parte de sus más de 45 minutos de exposición, el abodado los destinó a la sesión del pasado 21 de agosto de 2017 cuando se rechazó el proyecto, lanzando sus dudas sobre si el Comité de Ministros podía actuar para decidir un recurso del modo en que finalmente lo hizo, alterando -por ejemplo- la tabla de la reunión sobre la marcha y agregando informes a última hora.
Apuntando a la naturaleza del Comité de Ministros como un órgano colegiado integrado por ministros de Estado, relató una cadena de hechos “cuestionables”, como que previamente se cambió la hora de la sesión, que Dominga pasó de ser el segundo punto en tabla al primero (dejando atrás a Cerro Casale) y que recién el 18 de agosto a las 15:31 llegaron los últimos informes. “Ni siquiera estuvo disponible un día administrativo previo a la sesión del Comité, que era el lunes a las 7:30 horas”, dijo el abogado.
En su intervención, sostuvo que, de acuerdo al expediente electrónico, el día de la sesión a las 9:00 horas estaba ingresado el acuerdo del Comité de Ministros que rechaza el recurso, y 15 minutos después el ministro de Medio Ambiente de entonces brindaba un punto de prensa para explicar la decisión tomada. “Es decir, entre las 7:30 y las 9:00 el Comité de Ministros pudo discutir los antecedentes del recurso, incluidos aquellos que se agregaron a última hora, pudo discutir los fundamentos y pudo leer ese acuerdo”, dijo.
En medio de su intervención, donde incluso citó a Punta Alcalde como un precedente, cuestionó el planteamiento de sus opositores, respecto de que no era relevante que los informes llegaran a última hora en el entendido que la autoridad podía prescindir de ellos. “Es cierto, pero el argumento no está completo”, dijo.
El abogado indicó que, “cualquiera hubiera sido el resultado, en mi opinión, este acuerdo hubiera tenido igual vicio”.
En la cita, también alegó Fernando Roco, abogado de la Asociación Comunal de La Higuera.
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