La Comunidad Atacameña de Socaire anunció la suspensión total de su participación en la consulta indígena vinculada a la Red de Salares Protegidos (RSP), acusando que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) ha llevado adelante un proceso “centralista, inconsulto y contrario al marco jurídico indígena”, según dijo la misma organización.
La Asamblea General —realizada el 23 de noviembre— resolvió por unanimidad rechazar íntegramente la contrapropuesta de la cartera liderada por Maisa Rojas, al considerar que esta no respeta los procesos de saneamiento territorial en curso y es “incompatible con los fundamentos técnicos, territoriales y jurídicos presentados durante dos años.”
El presidente de la comunidad, Rodrigo Varas Cruz, afirmó que “el Ministerio está imponiendo figuras de protección sobre territorios que el propio Estado reconoció como ancestrales y cuyo saneamiento está en curso desde antes de la Estrategia Nacional del Litio y que el Estado había comprometido entregar”. Agregó que “no se puede hablar de conservación mientras se vulneran nuestros derechos, nuestra historia y nuestros sistemas de vida y bases de subsistencia”.
Punto crítico: Aguas Calientes III
Uno de los temas más sensibles para Socaire es la situación de Aguas Calientes III (Piedras Rojas), área que la comunidad administra para turismo controlado y sustentable, y cuyo traspaso de dominio había sido comprometido por Bienes Nacionales.
Según el comunicado, el Ministerio propone restringir la transferencia de tierras a “una porción mínima”, excluyendo zonas donde la comunidad ya ha ejecutado inversiones en senderos, caminos, señalética y miradores. Esta medida fue calificada por Socaire como “absolutamente inviable”.
“Aguas Calientes III no es negociable. Esa área sostiene nuestro turismo, nuestra economía y nuestro proyecto de vida. La propuesta del Ministerio desconoce completamente lo que significa esta zona para nosotros y lo que el propio Estado se comprometió a regularizar”, sostuvo el líder del grupo.
"Quiebre severo de la confianza institucional"
La comunidad sostuvo que la postura del Ministerio desconoce estudios y actos administrativos previos —como DATURA (1998) y URAQI (2024)— que identifican los polígonos como territorio ancestral a sanear, además de concesiones estatales, procesos de transferencia gratuita de dominio y décadas de trabajo coordinado con organismos públicos.
Asimismo, recordó que en una reunión del 30 de diciembre de 2024, el Presidente Gabriel Boric “reconoció diferencias territoriales significativas en el Salar de Atacama”, ratificando la necesidad de un manejo diferenciado de los polígonos afectados por la propuesta estatal.
Socaire advirtió que la actual propuesta del Medio Ambiente ha provocado “un quiebre severo de la confianza institucional”, pese al rol histórico de la comunidad como guardiana del territorio altoandino y promotora de un modelo de conservación compatible con los derechos indígenas.
Exigencias y próximos pasos
En línea con lo resuelto por su Asamblea, la Comunidad Atacameña de Socaire anunció que no continuará participando en la consulta indígena, solicitará una revisión completa del proceso e insistirá en la instalación de una mesa técnica “real y vinculante”.
“Queremos conservación, pero con respeto a la ley y a nuestro territorio. El Gobierno debe intervenir antes de que este conflicto escale aún más”, indicó Varas.
Finalmente, la comunidad remarcó que los predios en proceso de transferencia que busca resguardar no afectan los objetos de protección definidos por el MMA, dado que se encuentran fuera de las costras salinas y lagunas que constituyen el núcleo ecológico de la Red de Salares Protegidos, y corresponden a áreas administradas por Socaire para turismo, resguardo, accesos y uso hídrico esencial.
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