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REGÍSTRATE AQUÍGrupo Pampa ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional acusando falta de un debido proceso. También pidió una reposición al TDLC.
Por: Karen Peña
Publicado: Miércoles 10 de octubre de 2018 a las 13:54 hrs.
Este martes por la mañana, el grupo Pampa -ligado a Julio Ponce- ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para frenar el acuerdo entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Tianqi, el que fue ratificado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y viabiliza el ingreso de la china a SQM, acusando falta de debido proceso.
Se trata de un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, donde el representante de Ponce, el abogado Sebastián Oddó, pidió que el acuerdo sea "dejado sin efecto y en su reemplazo se disponga que el acuerdo extrajudicial sea rechazado".
Según los argumentos planteados por Oddó, la resolución que se impugna omitió pronunciarse respecto del contenido de fondo del acuerdo, "sino que visó o ratificó las conclusiones a las que había llegado la Fiscalía Nacional Económica, sin ofrecer razón alguna para ello".
Además, señala el documento que las justificaciones que se utilizaron para desestimar los cuestionamientos presentados son "jurídicamente equivocados" y retira: "El acuerdo es del todo insuficiente e ineficaz para prevenir los riesgos que él mismo identifica (el TDLC) incluso cumpliéndose estrictamente todas las condiciones, éste permite la transmisión ilícita de información comercial sensible de SQM a Tianqi sin que ello acarree consecuencia alguna para tal evento, ni disuasivo que inhiba a Tianqi de obtenerla".
Además, hizo ver que faltó un debido proceso para que terceros pudieran participar, con mayor tiempo para formular observaciones.
Pero no fue la única acción que tomó la sociedad ligada a Ponce, ya que fue hasta el TDLC para pedir una reposición, sumando argumentos y pidiendo diligencias a otros organismos competentes, como la Comisión para el Mercado Financiero, para que el tribunal especializado cambie de postura.
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
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