Un total de 27 asociaciones de la pequeña y mediana minería, socias de Sonami, conformaron este lunes una nueva agrupación gremial, denominada “Consejo Minero de la Pequeña y Mediana Minería A.G”. ¿La razón? “No nos estamos sintiendo representados por el presidente (Jorge Riesco) en tanto no se atreva a golpear la mesa con los temas que nos están perjudicando”, dice a DF la vocera del consejo, Patricia Beiza.
Beiza, presidenta de la Asociación Gremial Minera de San Felipe y recién elegida como directora de Sonami, lidera el grupo disidente junto a Patricio Gatica y Fernando Gattas. “Esto viene a consecuencia de muchas leyes que nos están afectando y que no hemos tenido quién saque la voz por nosotros, por la minería en general”, afirma.
De todas formas, la dirigenta indica que "en ningún caso vamos a abandonar la Sonami, no nos vamos a retirar”, incluso dice que no calificaría la situación de "quiebre". Sin emabrgo, insiste: "Necesitamos que nuestro gremio saque la voz y no queremos seguir suplicándole al presidente que lo haga, él es abogado y perfectamente podría hablar por el sector, yo lamento que no lo haya hecho".
Las criticadas legislaciones
La gota que rebalsó el vaso, dice Beiza, son los reglamentos de implementación de la Ley SBAP, que delimita una serie de zonas del país en pos de su protección y resguardo. “Hay zonas mineras, como Chancón cerca de Rancagua, que se pierde absolutamente debido a estos mapeos. En otras, el mapeo es tan ridículo que dejan en área protegida a la faena minera, pero no a la planta”, enfatiza respecto a la ley 21.600.
“Es desproporcionado, sin razón de ser y nos mata a muchos pequeños y medianos mineros, pero también se va a ver afectada la actividad agrícola, forestal, los recolectores de algas, el turismo, está todo Chile mapeado”, agrega. De hecho, por esta legislación, las asociaciones del nuevo gremio se manifestaron la semana pasada a las afueras del Congreso Nacional, donde consiguieron ser invitados a la Comisión de Minería de este miércoles a las 15:00 para abordar el tema. En la cita también participará el presidente de Sonami.
Según revela Beiza, solicitarán al Parlamento una prórroga de un año para la reevaluación de la Ley SBAP y, asimismo, buscarán abordar la ley de patentes mineras y la Ley 21.435 que reformó el Código de Aguas. “Fueron tres goles de media cancha”, dice.
Riesco defiende su gestión
Las turbulencias al interior del histórico gremio chileno, se sienten a cinco semanas de las elecciones de directiva, donde Riesco resultó reelecto por un segundo periodo tras vencer a su contrincante Patricio Céspedes, quien iba en representación de los sectores más pequeños de la industria.
Tras las críticas de sus asociados, el abogado destacó en una declaración enviada a este medio que su elección "refleja que las cosas se han hecho bien". Sobre los dardos en su contra, respondió: "Sabemos que están preocupados por los reglamentos de la ley SBAP, algo que a nosotros nos preocupa pero especialmente nos ocupa. Prueba de ello, hemos desplegado una estrategia de trabajo interna y externa, con capacitaciones para apoyar a la pequeña y mediana minería en el proceso de consulta ciudadana actualmente en curso, que han generado alta participación y han sido muy bien recibidas por todos los sectores”.
Afirmó que desde el gremio están dialogando con diversos actores y sectores productivos, que también se verán afectados por los reglamentos, y con la propia ministra de Minería, "quien el viernes nos recibió en audiencia y se comprometió a formar una mesa de trabajo para analizar la materia y acompañarnos en esta preocupación”.
“En esa reunión estuvo presente también Patricia Beiza, recientemente elegida como parte del directorio de Sonami por lo que nos llama la atención sus últimas declaraciones", expresó Riesco.
"Nuestra postura es clara y la reiteramos: valoramos la protección a la Biodiversidad, pero los reglamentos relacionados deben ser ampliamente discutidos, con todos los actores, con total transparencia y sin ningún falso apuro". Y cerró con un llamado al Gobierno, solicitando "que sea prudente en esta materia. Necesitamos que entiendan que este sector productivo es fundamental para la economía nacional, y la creación de una mesa de diálogo multisectorial permitiría avanzar hacia una aplicación equilibrada y sustentable de la ley”.