Una serie de condiciones pusieron varios organismos públicos, como las seremis de Medio Ambiente y Salud, para dar su visto bueno a la ampliación de la planta de Cervecería Chile, parte del grupo AB-InBev, en Quilicura, que considera una inversión de US$ 100 millones.
Actualmente, la iniciativa enfrenta la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental. Ahí, Alfredo Espinoza, jefe de la Unidad Ambiental de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, planteó sus cuestionamientos al proyecto, como que deberá considerar un sistema de tratamiento de riles como parte integrante de la presente evaluación y plantear como alternativa eventual el realizar un convenio de exceso de cargas con la empresa sanitaria. “Ello, considerando además que en la actualidad la situación de Cervecería Chile es de incumplimiento de la norma de emisión, aun considerando el convenio con ESSA”, sostuvo.
Carlos Aranda, secretario Regional Ministerial de Salud de Santiago, solicitó al titular del proyecto definir el proceso por el cual tratará y dispondrá sus riles. Esto, dijo, “toda vez que la empresa sanitaria ESSA que actualmente recibe esta descarga, no cuenta con la capacidad necesaria para recibir el caudal generado por la ampliación de Cervecerías Chile”.
Juan Carrasco, alcalde de Quilicura, apuntó a la emisión de malos olores. Solicitó generar un plan de contingencia, ya sea implementado medidas preventivas en procesos, o mecánicas cómo filtros de amplio espectro. “En virtud de una serie de reclamos telefónicos y vía OIRS, por problemas a la salud como fuertes dolores de cabeza y nauseas, provocados a priori por la carga odorífica generada en el sector, se solicita incluir un estudio de olores”, pidió la autoridad comunal.
Jorge Canals, secretario Regional Ministerial de Medio Ambiente, planteó la necesidad de un estudio de impacto odorante, que incluya manejo de quejas, definición de procedimientos para responder a los incidentes y a las quejas referentes a impactos de emisiones de olores.
“Una vez aclarada, rectificada y ampliada la presentación del titular según la normativa vigente, esta repartición podrá emitir su opinión”, dijo.
La seremi de Desarrollo Social de Santiago, María Eugenia Fernández, también planteó sus dudas respecto a los olores, por lo que también solicitó estudios.
“Realizar monitoreo periódico de las fuentes odoríficas que se generan en el marco de la operación del proyecto en evaluación, a objeto de descartar posibles efectos adversos sobre los grupos humanos identificados en el área de influencia donde se emplaza el proyecto”, dijo.
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