Generadoras se plegarían a estrategia de Endesa en pugna por control de embalses

Las generadoras estudian si el cambio legal para impedir su integración a las juntas de vigilancia -que por ley hoy disponen del agua de los tranques- puede hacerse a través de una modificación al Código de Aguas o por medio de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Por: | Publicado: Miércoles 19 de marzo de 2008 a las 05:00 hrs.
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Algunas generadoras hidroeléctricas evalúan la posibilidad de lograr a través de un proyecto de ley, su exclusión de las juntas de vigilancia de los embalses donde utilizan derechos de agua e indpendizar así la administración de sus propios recursos.

“Efectivamente nos han llegado comentarios de que las empresas hidroeléctricas están interesadas en promover un proyecto de ley para sustraer la gestión del recurso hídrico en el caso hidroeléctrico de las juntas de vigilancia”, reconoció el director General de Aguas, Rodrigo Weisner.

Las generadoras estudian si el cambio legal puede hacerse, ya sea por la vía de una modificación al Código de Aguas o la Ley General de Servicios Eléctricos.

“Tienen toda la razón de hacerlo porque justamente la legislación contempla exactamente lo contrario que ellos quieren hacer por la vía legislativa. La única manera de sustraer la gestión integrada de los recursos hídricos, en este caso de las hidroeléctricas, versus los otros usos (riego), es por ley”, dijo

Fuentes legales  dijeron que la compañía que habría iniciado las gestiones para evaluar dicha opción sería precisamente Endesa, firma que en noviembre de 2007 demandó al fisco, debido a lo que acusó como la intención de la DGA de hacerla participar en las juntas de vigilancia de los embalses donde cuenta con centrales eléctricas. 

El objetivo de la firma ligada a la española del mismo nombre, sería demostrar jurídicamente que las generadoras responden a lo establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos y a las disposiciones del CDEC, y no a la administración y control de las juntas.

Si esta intención llega a convertirse en  iniciativa legal, podría beneficiar a empresas como AES Gener -que planea construir una central hidroeléctrica en el Cajón Maipo y que ya integra la junta de vigilancia de la zona- o a Colbún, que según fuentes ligadas a los regantes de la Laguna del Maule, se ha caracterizado por una buena convivencia con los agricultores.

Expertos legales señalan que tiene más sentido que las gestiones que buscan marginar definitivamente a las hidroeléctricas de las juntas de vigilancia queden definidas en el Código de Aguas, norma que es la que establece que deben integrarse a ellas.

Weisner indicó que el impacto de esta medida dependerá de cómo se plantea la idea de legislar, pero “en ningún caso puede hacerse una legislación que establezca el menoscabo de un derecho de aprovechamiento de agua por sobre otro”.

El titular de la DGA fue explícito en afirmar que “no se puede olvidar que la propia Constitución, en su artículo 19, garantiza y consagra el derecho de aprovechamiento de agua como propiedad de las personas naturales o jurídicas, por lo que hacer un menoscabo en ese sentido obligaría a modificar no sólo la Ley, sino que la constitución”.



Quién maneja el agua

En la práctica, quien administra los embalses e incluso mantiene en su manos los derechos de agua que los constituyen es la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).

Sin embargo, expertos legales afirman que efectivamente tanto el control de los derechos así como la administración de las aguas deberían por ley estar en manos de los usuarios, es decir, de los regantes y las generadoras que se benefician de los embalses.  Esto porque el control de los caudales y sus usos ni siquiera los determina el Estado, sino sólo la junta de vigilancia quien ordena a la DOH cómo disponer de los recursos.

Pero las juntas de vigilancia se han visto reacias a permitir la entrada de las generadoras eléctricas, pues estiman que por su alta concentración de derechos de agua, alterarían los equilibrio de poder dentro de esa instancia. A su vez, las generadoras no son partidarias de integrar las juntas porque muchos de sus derechos son no consuntivos, es decir, que no tienen poder de voto en la práctica, por lo mismo podrían verse sometidos a la decisión de la mayoría.

 

El precedente

Con una demanda contra el fisco presentada ante el Tercer Juzgado Civil de Santiago en noviembre de 2007, Endesa Chile buscó adelantarse a lo que calificó una “interpretación errónea” del Código de Aguas por parte de la Dirección General de Aguas (DGA), organismo que los invitó a participar de las juntas de vigilancias; instancia que debería mantener -desde el punto de vista legal- el control de los embalses que alimentan a sus centrales hidroeléctricas.

La acción legal de Endesa busca evitar que sus recursos hídricos sean controlados por esas entidades, dado que según la generadora éstas pueden priorizar el recurso para el riego agrícola por sobre la generación de energía. “Las juntas de vigilancia no pueden legalmente dictar directrices o resoluciones que afecten las operaciones de las centrales hidroeléctricas, ni pueden alcanzar a los embalses artificiales destinados total o parcialmente a generación

hidroeléctrica, toda vez que estas operaciones y embalses se rigen por el estatuto jurídico especial de la Ley General de Servicios Eléctricos y otras normas del sistema eléctrico, como el CDEC”, alegó la firma.

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