El presidente interino del Legislativo boliviano, el oficialista José Alberto Gonzales, promulgó hoy la ley para convocar al referendo en que se consultará a los ciudadanos si aprueban o no la reforma constitucional que permitirá a Evo Morales volver a postular a la Presidencia en 2019.
Gonzales, que también ejerce la Presidencia interina de Bolivia por unas horas por los viajes de Morales a Europa y del vicepresidente Álvaro García Linera a Perú, promulgó la norma en el Palacio de Gobierno ante los sindicatos afines al fobierno que promueven la reelección de ambos mandatarios.
La "Ley de Convocatoria a Referendo Constitucional Aprobatorio" fue aprobada esta madrugada en el Parlamento, de mayoría oficialista, después de casi 17 horas de debate.
Gonzales aseguró que los parlamentarios oficialistas cuidaron minuciosamente todos los aspectos para la aprobación de esta ley y de la que plantea la reforma constitucional, así como para la elaboración de la pregunta que se formulará en el referendo.
Añadió que quienes promoverán el "Sí" a la reforma constitucional están ante un "enorme desafío" porque, según dijo, lo que está en juego en el referendo es "la posibilidad de profundizar" el modelo económico implantado por el Gobierno de Morales en casi diez años.
La ley promulgada hoy ratifica el 21 de febrero próximo como fecha para el referendo y también la pregunta que se formulará en la consulta, que fue validada hace unos días por el Tribunal Constitucional (TC).
Los bolivianos deberán votar si están o no de acuerdo con modificar el artículo 168 de la Constitución para ampliar de dos a tres la cantidad de mandatos presidenciales consecutivos permitidos, al sustituir el término "una sola vez" por "dos veces", en referencia al número de reelecciones.
Si gana el "Sí", Morales y García Linera podrán presentarse a los comicios de 2019 en busca de un cuarto mandato hasta 2025.
Ambos iniciaron en enero pasado su tercer mandato tras ganar en 2014 los comicios generales, a los que pudieron presentarse gracias a un fallo del TC que avaló la tesis oficialista de que la primera gestión (2006-2010) no es válida para el cómputo porque el país se refundó como "Estado plurinacional" en 2009.
La oposición ha anunciado que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a Naciones Unidas para denunciar que el oficialismo vulneró la Constitución y otras normas para apurar la aprobación de estas leyes.
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