La destituida fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, aseguró ayer que tiene pruebas que involucran al gobierno de Nicolás Maduro en los casos de corrupción de Odebrecht.
“Tengo muchas pruebas, y concretamente sobre el caso de Odebrecht, que comprometen a muchos altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República, los miembros de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, y (alcalde del municipio Libertador) Jorge Rodríguez”, señaló en una cumbre de fiscales de Mercosur en Brasil.
Así, afirmó que Cabello –uno de los dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido- habría recibido US$ 100 millones de la empresa española TSE Arietis, vinculada a Odebrecht. Venezuela habría pagado US$ 300 mil millones por las obras de la compañía, once de las cuales están paralizadas, agregó la fiscal.
También afirmó que hay evidencias de que Maduro es dueño de una empresa mexicana encargada de distribuir bolsas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Según Ortega, hay seis expedientes por corrupción en contra del fiscal general asignado en su reemplazo, Tarek William Saab, relacionados con el desfalco en la petrolera estatal PDVSA.
“Podrán haberlos destruido, pero las copias verificadas están en mi poder”, afirmó, agregando que va a entregarlas a los gobiernos extranjeros para investigación.
Desde Caracas, Saab respondió que la fiscalía sigue investigando al esposo de Ortega, Germán Ferrer, por organizar un “gran cartel” de extorsión y aseguró que un 80% de los casos vinculados a la corrupción en el Centro Nacional de Comercio Exterior fueron sobreseídos durante la gestión de Ortega.
Asilo y sanciones
Brasil ofreció ayer un asilo político a Ortega –después de que Maduro aseguró el martes que solicitará un orden internacional de captura en su contra-, una medida propuesta anteriormente también por Colombia. Pero la fiscal destituida pretende visitar EEUU y Europa para denunciar lo que está pasando en el país ante la Haya, la OEA y la ONU.
En tanto, The Wall Street Journal informó ayer que el gobierno estadounidense está preparando nuevas sanciones económicas, que esta vez estarían dirigidas a PDVSA: según el medio, el Tesoro prohibirá a las instituciones financieras estadounidenses comprar y vender bonos de la estatal petrolera, restringiendo el ingreso de divisas de Maduro. A pesar de que su impacto es menor que un embargo petrolero, sería la primera sanción dirigida en contra de una empresa. El vicepresidente del país, Mike Pence, se reunió ayer en Miami con los opositores venezolanos en el exilio, y aseguró que “se están dando pasos concretos para castigar al régimen de Maduro”.
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