Impacto por revelación de cuentas en paraísos fiscales desata ola global de investigaciones

Unos 140 políticos -en ejercicio o no- de todo el mundo aparecen mencionados en los llamados Panama Papers, cerca de 11,5 millones de documentos financieros filtrados el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en los que se revela la creación de sociedades en paraísos fiscales.

Aunque la existencia de este tipo de sociedades no representa de por sí un delito, la información despertó el interés de autoridades en varios países sobre el tema. Fiscalizadores de España, Francia, India, Australia, Suecia y Nueva Zelanda, entre otros, anunciaron el inicio de investigaciones con el fin de determinar si estas sociedades se habían utilizado para esconder dinero, evadir impuestos u otros ilícitos como el lavado de dinero. Según la publicación de ICIJ, los documentos filtrados demostraban, eso sí, que algunos bancos y oficinas de abogados no siguieron protocolos exigidos.

Al centro del caso está la firma de abogados Mossack Fonseca, establecida en Panamá en 1977, y que ya este año había concitado atención debido a su conexión con la operación de lavado de dineros de la brasileña Petrobras. La firma ayudaba a sus clientes a establecer sociedades en paraísos fiscales.

El abogado Ramón Fonseca Moro, socio del bufete, aseguró que “las sociedades (offshore) son totalmente legales y muy necesarias en el mundo de hoy” y aclaró que la firma que encabeza no es “responsable de las actividades de estas sociedades. Hemos constituido más de 250 mil sociedades y nunca nos hemos metido en ningún problema, no fuimos nunca acusados de nada”.

Por su parte, el director de ICIJ, Gerard Ryle, manifestó que “la filtración probará ser probablemente el mayor golpe que el mundo ‘offshore’ haya recibido”.

Latinoamérica

Entre los 109 medios de comunicación de todo el mundo que participaron de la investigación estuvo el diario brasileño Estado de Sao Paulo, que ayer dio a conocer que políticos de siete partidos de ese país estaban entre los clientes de Mossack Fonseca. Entre ellos, hay miembros del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), que la semana pasada decidió salir de la coalición de gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

Según Reuters, también fueron mencionadas figuras políticas del principal partido opositor de ese país, el PSDB, junto con otros miembros de los grupos políticos PDT, PP, PSB, PSD y PTB. El Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff, no fue mencionado.

En Perú, la publicación de la investigación también remeció al mundo político. Según el diario peruano Gestión, la lista de personajes relacionados con Mossack Fonseca incluye a financistas de la candidata a la presidencia Keiko Fujimori, al socio del ex presidente Alan García Jaime Carvajal, al ex ministro Hernán Garrido Lecca, y a Virgilio Acuña, congresista y hermano del ex postulante César Acuña.

El presidente argentino, Mauricio Macri, también apareció entre los implicados, al integrar junto con su padre, Franco, y su hermano Mariano el directorio de Fleg Trading Ltd, registrada en las islas Bahamas desde 1998. Franco Macri aseguró ayer que su hijo no tenía participación en las acciones de la empresa. Entre los argentinos mencionados también están el ex secretario privado del fallecido Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y varios empresarios ligados al kirchnerismo.

La investigación también citó nombres ligados al gobierno de Venezuela, como el ex jefe de Escoltas de Hugo Chávez, Adrián Velásquez, y el ex jefe de un programa de asistencia social, Víctor Cruz Weffer, con empresas bajo su control en paraísos fiscales. También se identificó a diversas autoridades de la estatal petrolera estatal Pdvsa.

La investigación incluyó también a cercanos al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto; el contratista Juan Armando Hinojosa -quien encabeza el Grupo Higa y construyó la casa de la ex esposa del mandatario- habría movido parte de su fortuna a Nueva Zelanda, luego de que se iniciara una investigación por sus relaciones con Peña Nieto.

Miles de millones

Transacciones avaluadas en al menos US$ 2 mil millones fueron las que realizaron cercanos al presidente ruso Vladimir Putin, una información que fue desestimada ayer por el Kremlin, que la calificó como “nada concreto y nada nuevo”.

En Islandia, el primer ministro Sigmundur D. Gunnlaugsson será sometido a un voto de no confianza, pues tanto él como su esposa aparecían como propietarios de una inversión en las Islas Vírgenes.

Las indagatorias involucraron también al fallecido padre del actual primer ministro británico, David Cameron, cuyo gobierno respondió ayer que se trataba de una “materia privada”.

En Pakistán, el gobierno aseguró que no hubo ilegalidades, luego de que los documentos vincularan a los hijos del primer ministro Nawaz Sharif a las empresas extranjeras. El presidente ucraniano Petro Poroshenko, quien también aparecía mencionado, reafirmó su compromiso con la transparencia.

SII usará "Panama Papers" para nuevas acciones de fiscalización en Chile

El Servicio de Impuestos Internos utilizará los nombres de contribuyentes chilenos incluidos en los denominados "Panama Papers" para ejercer nuevas acciones de fiscalización.

Así lo reconoció ayer el organismo liderado por Fernando Barraza, el cual a través de una declaración pública señaló que la lista podrá ser utilizada para "complementar" las distintas iniciativas de fiscalización y colaboración con otros países.

El SII recalcó que la utilización de sociedades offshore "no constituye en sí misma una conducta ilegal".
Ciper Chile, que publicó los documentos, reveló que en los "Panama Papers" hay datos de cerca de 200 sociedades offshore vinculadas a Chile.

El reporte menciona sociedades del ex futbolista Iván Zamorano; el ex presidente de la CPC, Alfredo Ovalle Rodríguez; el empresario Isidoro Quiroga; el ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi; la familia Calderón Volochinsky; el presidente y controlador de BCI, Luis Enrique Yarur; los empresarios Luis y Lientur Fuentealba Meier; y el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards.

El apoderado de Edwards, Felipe Lyon, señaló que "la sociedad Aladin se financió con dineros tributados en Chile, que fueron registrados y su salida formalizada de acuerdo a nuestra normativa cambiaria".
Por su parte, el abogado Gonzalo Delaveau Swett, también citado en los documentos, renunció ayer a la presidencia de Chile Transparente.