La Casa Blanca está impulsando una nueva batalla en contra de Wall Street, esta vez sobre la industria de las pensiones, al acusar a los corredores de quedarse cada año con sumas significativas de los pequeños inversionistas y pidió nuevas protecciones en contra de la asesoría financiera sesgada.
En un discurso realizado ayer ante la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, su sigla en inglés), el presidente Barack Obama instruyó al Departamento del Trabajo a seguir adelante con nuevas reglas que controlarían los conflictos de interés en el sector que mueve US$ 11 billones (millones de millones) al hacer más difícil que los asesores presionen a las personas a invertir su dinero en fondos mutuos con tarifas más altas u otros productos caros.
Bajo el sistema local, los empleados tienen la opción de acogerse a un plan de pensiones ofrecido por la empresa en que trabajan. Los trabajadores también pueden abrir una cuenta individual de jubilación (IRA, su sigla en inglés), que en la mayoría de los casos son autodirigidas. Un fideicomisario, un custodio o una aseguradora debe ser dueña de los activos.
"Los asesores no deberían ser capaces de aprovecharse de los clientes", manifestó el mandatario antes de afirmar que las nuevas medidas tratarán a los ciudadanos "con justicia y respeto".
La iniciativa exigiría que los corredores sigan un "estándar fiduciario" para priorizar los intereses de los clientes por sobre las ganancias de los asesores. La propuesta es resistida por muchos republicanos y firmas financieras, que temen que el plan limitaría la compensación de los agentes.
El gobierno estima que la asesoría irresponsable les ha costado a las familias de clase media US$ 17 mil millones anuales, basándose en un estudio que revela que los ahorrantes que reciben asesoría afectada por conflictos de interés obtienen retornos anuales que son cerca de 1 punto porcentual más bajos.
Productos malos
Un informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca mostró que algunas empresas de Wall Street tenían un incentivo para persuadir a los consumidores para que compren malos productos de jubilación –con altos costos y bajo rendimiento– porque con ellos ganaban "pagos furtivos y tarifas escondidas". La administración de Obama compara esta práctica con la venta de hipotecas malas antes de la crisis financiera de 2008.
"Uno podría terminar con decenas de miles de dólares menos simplemente porque el asesor no está obligado a poner mi interés primero", aseguró Jeff Zients, director del Consejo. "Nadie aceptaría las actuales reglas si estuvieran conscientes de ellas", citó Financial Times.
Actualmente, los agentes pueden vender cualquier producto que sea "apropiado" para un inversionista, es decir, que se ajuste a las necesidades y tolerancia de riesgo del cliente.
"Las anticuadas reglas crean un campo de juego injusto, dificultando la competencia de los buenos asesores, y haciendo más difícil que las familias trabajadoras y de clase media sepan en quién pueden confiar", argumentó Zients.
La propuesta fue enviada ayer a la Oficina de Manejo y Presupuesto para que fuese revisada para luego pasar por un período de consulta pública. Este sería un gran paso para un proyecto que ha estado en el limbo durante los últimos cinco años. La regla de deber fiduciario fue presentada por primera vez en 2010, pero fue abandonada luego de una respuesta negativa por parte de la industria de corretaje y de los conservadores.
Críticas
Las asociaciones del rubro afirmaron que las autoridades han distorsionado el tema y han ignorado las actuales duras normativas que regulan cómo ganan dinero los corredores. Dichas medidas son aplicadas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, su sigla en inglés) y la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (Finra, su sigla en inglés).
Según estos grupos, someter a los asesores a un deber fiduciario, un estándar que ya se aplica a los administradores profesionales de capital, generará más demandas en contra del sector.
La Asociación de la Industria de Valores y de Mercados Financieros (Sifma, su sigla en inglés) prevé que los mayores costos llevará a los agentes a abandonar las cuentas de los clientes con menos de
US$ 50 mil en activos.
"Tenemos preocupaciones de que el Departamento del Trabajo y la Casa Blanca han ignorado completamente la existencia de un régimen regulatorio robusto bajo la SEC y la Finra, y esta re-propuesta podría hacer más difícil ahorrar para la jubilación al cortar el acceso a asesoría económica y al limitar las opciones para los ahorrantes", declaró en un comunicado citado por Bloomberg Kenneth Bentsen, director ejecutivo de Sifma.
La iniciativa "podría finalmente elevar el costo de ahorrar y herir a los estadounidenses que tratan de ahorrar para la jubilación, particularmente a los trabajadores de clase media", acotó.
En todo caso, no todos en el sector financiero se oponen a la medida. Jack Bogle, fundador del grupo de administración de fondos Vanguard, alabó el esfuerzo oficialista, diciendo que él ha pedido un estándar fiduciario federal durante años.
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