Crecer 1% en 2017 es la promesa, y quizá más bien la esperanza, del gobierno de Brasil luego de dos años de recesión que han sumido al país además en una gran crisis política y social.
Desafiando la proyección de los analistas –que prevén un avance de tan solo 0,5%– el ministro de Hacienda de la nación amazónica, Henrique Meirelles, afirmó a fines de la semana pasada que algunas señales de calentamiento de la economía, como el aumento en el consumo de electricidad, permiten apostar por una incipiente recuperación de la actividad.
Y es que la mayor economía de Sudamérica se apuntó un retroceso de 3,8 % en 2015 y de 3,5 % en 2016, completando dos años consecutivos de crecimiento negativo, algo que no ocurría desde la década de 1930.
En medio de ese caos financiero, sucumben la gran mayoría de los estados que, según cálculos de analistas, deben a la administración federal alrededor de US$ 133 mil millones.
De ellos, tres –específicamente Rio de Janeiro, Rio Grande del Sur y Minas Gerais que otrora estuvieran entre los más prósperos de la nación–, fueron lastrados por la recesión que los llevó a declararse en estado “calamidad financiera pública” o bancarrota, en virtud de las abultadas deudas y escasa recaudación.
Esta medida permite a los gobiernos regionales suspender los pagos mientras se ponen en marcha duros programas de ajuste para intentar sanear sus cuentas públicas. Planes similares a los que el propio gobierno de Michel Temer ha activado, por ejemplo, con la congelación de los gastos públicos en los próximos 20 años.
Se abre la puerta
En junio de 2016, a solo 49 días del inicio de los Juegos Olímpicos, Rio de Janeiro abrió la puerta.
El gobierno local aseguró estar atravesando una crisis económica que amenazaba con colapsar servicios esenciales como la seguridad y la salud, y se acogió a la normativa que le permite adoptar medidas extraordinarias como cortar gastos, definir qué deudas paga y cuáles no, y acudir al gobierno federal en busca de recursos.
Las enormes dificultades se reflejaban, por ejemplo, en un aumento de los homicidios y robos, atrasos salariales, huelgas en centros de estudio y cierres de emergencias en hospitales. “La situación de Rio de Janeiro es calamitosa”, dijo entonces Margarida Gutiérrez, economista de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, a BBC Mundo. “El estado está en total parálisis”.
Rio acumulaba un déficit en las cuentas de más de US$ 5.600 millones que tenía en vilo el éxito de la cita deportiva más importante del mundo.
Solo por esa razón, recibió un refuerzo del gobierno central de más de US$ 800 millones. Pero, pasados los Juegos, la crisis continuó y con ella se anunció un plan de ajuste con recortes en gasto social y subidas de impuestos que le permitiría ahorrar 28.000 millones de reales (US$ 8.000 millones).
Efecto dominó
Al gobierno le ha costado reconocer la existencia de un estado de calamidad y ha apelado a que la norma se aplica solo a desastres naturales. Su mayor temor era un efecto dominó que, a final de cuenta, ocurrió.
En noviembre de 2016, Rio Grande do Sul declaró, por medio de un decreto, que “la crisis de la economía brasileña está afectando fuertemente la capacidad de financiamiento del sector público” y advirtió “medidas excepcionales para racionalizar” los servicios esenciales.
Por ello el gobernador, José Ivo Sartori, anunció la reducción de los organismos públicos y el despido de al menos 2.000 funcionarios.
Hasta la fecha, Rio Grande acumulaba un déficit de US$ 2.359 millones mientras que el segundo estado más poblado del país, Minas Gerais reportaba US$ 2.300 millones.
Por esa razón, se convirtió en la tercera región en decretarse en bancarrota tras considerar que atravesaba un “crecimiento desmesurado de los gastos con personal” y “desequilibrios contractuales generados por la deuda del estado con el gobierno federal” .
Las proyecciones coinciden en que, a corto plazo, la salida será difícil para una crisis acentuada por la caída de los precios del petróleo y los commodities, y por la inestabilidad política que ha vivido el país en el último año.
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