La ex presidenta brasileña Dilma Rousseff, destituida en un juicio político que concluyó el pasado miércoles, anunció hoy que prepara dos nuevos recursos contra ese proceso, que serán presentados la semana próxima ante el Tribunal Supremo.
"Lo que caracteriza a todo este proceso es su inmensa fragilidad jurídica y su impacto político", dijo Rousseff junto a su abogado, José Eduardo Cardozo, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
Cardozo precisó que los dos nuevos recursos estarán centrados en que, según su opinión, "no se respetó el derecho al debido proceso" en el Senado, que actuó como tribunal, y en lo que calificó de "ausencia de justa causa".
En el primer caso, citó como ejemplo de violaciones al derecho del debido proceso el hecho de que "varios senadores declararon su intención de condenar incluso antes de la fase de producción de pruebas", lo cual "viola todas las normas jurídicas".
Sobre las supuestas irregularidades fiscales que justificaron la acusación y la posterior condena, Cardozo insistió en que "son sólo un pretexto" y no constituyen los "presupuestos jurídicos" que la Constitución y las leyes contemplan para destituir a un mandatario.
Los recursos que presentará la defensa de Rousseff se sumarán a una apelación entregada la víspera al Tribunal Supremo.
Esa apelación exige la anulación de la votación que condenó a Rousseff, al menos hasta que la propia Corte Suprema se pronuncie sobre los principios legales en que se apoyó la condena.
Según la defensa, los cargos formulados contra Rousseff estaban basados en dos artículos de una ley en vigor desde 1950 en la que se definen los "delitos de responsabilidad" que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
Rousseff fue condenada por dictar tres decretos que alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso y atrasos en depósitos que el Estado deberían hacer en la banca pública para costear diversos planes del Gobierno, que, según sostuvo la acusación, acabaron por convertirse en créditos y generaron costosos intereses.
El primero de los artículos en que se apoyó la acusación castiga toda violación "de la ley de presupuesto" y el segundo la obtención de créditos por parte del Estado con entidades financieras públicas, que están bajo su propio control.
No obstante, la defensa sostiene que esos artículos "no son compatibles" con la Constitución de 1988, que, desde su punto de vista, "no incorporó" plenamente el texto legal que los contiene, conocido como "Ley de Impeachment".
De esa manera, pide que el Supremo se pronuncie sobre la supuesta "incompetencia" e "ilegalidad" de los artículos de la ley de 1950 en que fundamentaron tanto la acusación como los 61 senadores que, con su voto, declararon culpable a la expresidenta.
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