Las asociaciones agropecuarias de Argentina destacaron el "positivo"
diálogo que mantuvieron hoy con la jefa del Estado, Cristina Fernández, en
medio de la "tregua" a los 21 días de protestas que llevaron a cabo
hasta comienzos de mes.
Al cabo de tres horas de conversaciones, anunciaron que han pactado con
Fernández tratar "todos los problemas" del sector agropecuario en
reuniones técnicas que empezarán el lunes próximo.
Los dirigentes de las cuatro mayores asociaciones agropecuarias, que reúnen a
unos 290.000 productores, insistieron en el rechazo a la subida de impuestos a
las exportaciones de granos, medida que el Gobierno ha dicho que no se propone
modificar.
Poco antes de la cita, el jefe del gabinete, Alberto Fernández, había dicho que
se abría "una buena oportunidad" para instalar el diálogo con el
campo para "acordar un plan de acción" para el sector, pero negó la
posibilidad de revisar la política impositiva.
La mayor presión del Fisco desató la huelga patronal y los bloqueos de
carreteras que productores agropecuarios de todo tamaño llevaron a cabo durante
21 días hasta el 2 de abril pasado, cuando declararon una "tregua"
por 30 días.
"Habrá que ver qué avances hay cuando concluya la tregua: la decisión de
volver a la huelga o seguir negociando no la toman cuatro dirigentes, habrá que
discutirlo con quienes pusieron el pellejo en las rutas", apuntó el líder
de la Federación
Agraria, Eduardo Buzzi, en una rueda de prensa en la sede del
Gobierno.
Dijo que se acordó que el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, encabezará unas
negociaciones en las que el campo "espera ver cómo se van resolviendo cada
uno de los temas pendientes con la mayor celeridad posible".
"Fue una reunión positiva, coincidimos y discrepamos en cada tema, pero
por fin hemos dejado de conversar por medio de la prensa y hablamos de que hace
falta una nueva política agropecuaria en Argentina",
subrayó Buzzi.
Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, destacó a su vez que en la reunión con
el Gobierno "se habló con mucha sinceridad" después de las duras
críticas que hizo la mandataria del país, quien llamó "piquetes de la
abundancia" a las protestas del campo.
Mientras, el líder de la
Sociedad Rural, Luciano Miguens, expresó su confianza en que
se pueda negociar una reforma a la "inoportuna e injusta" aplicación
de un nuevo sistema impositivo que el 11 de marzo pasado encareció los
impuestos a la exportación de soja y girasol.
Fernando Gioino, quien preside la Confederación
Intercooperativa Agropecuaria, matizó que ahora empieza
"un camino diferente" en el que el Gobierno "mostró
predisposición para salir de las viejas políticas y aplicar otras de largo alcance".
La huelga agropecuaria causó desabastecimiento y subidas de los precios de los
alimentos, además de golpear a la industria por falta de materias primas para
la manufacturación.
Además, paralizó durante 21 días al mercado de hacienda en pie y los envíos de
granos al exterior, de los cuales Argentina es uno de los principales productores y exportadores mundiales.
El campo sostiene que la nueva política impositiva supone para el sector una
"confiscación adicional" de 2.500 millones de dólares al año, además
de los 7.500 millones anuales que aporta por otros impuestos.
Pero las autoridades argentinas sostienen que
apunta a mejorar la distribución del ingreso e impedir que el país solo se
dedique a exportar soja en desmedro de otras actividades agropecuarias y de la
industria.
Argentina es el tercer productor mundial de
soja y el primer exportador de aceites de ese grano oleaginoso, pero los
ingresos del Fisco no se reparten entre las provincias, lo que avivó las
protestas del sector agropecuario.
A fines de marzo pasado, las duras críticas de Cristina Fernández a los
huelguistas desembocaron en un "cacerolazo" de rechazo en Buenos
Aires y otras grandes ciudades cuando la mandataria acababa de cumplir 100 días
de gestión.
En respuesta, sectores sindicales y del gobernante Partido Justicialista
(peronista) organizaron un multitudinario acto de apoyo a la presidenta, quien
insistió en que las protestas en el campo y las ciudades fueron
"ataques" a su Gobierno "por cuestiones políticas".
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