La ley de Alianza Público-Privada (PPP) fue aprobada por el Senado paraguayo el 26 de septiembre, con 26 votos, sólo tres más de la mayoría que se requiere para aprobar una ley.
Muchos senadores de la oposición centrista, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el ala izquierda Frente Guasú boicotearon la sesión.
Estos se oponían a la concesión que se le dio al Ejecutivo para tener la facultad exclusiva de aprobar la ley de Alianza Público-Privada, ya que sintieron que socava la autoridad de la legislatura consagrada en la Constitución.
Un proyecto de ley modificado ligeramente ahora vuelve a la Cámara de Diputados, que aprobó su forma original el 11 de junio.
La nueva ley es una prioridad para la administración del presidente, Horacio Cartes, como una forma rápida de modernizar la infraestructura física en ruinas de Paraguay.
Fuerte contraparte
Sin embargo, el presidente ha sido ampliamente criticado por los políticos, tanto dentro como fuera del gobernante Partido Colorado (PC), con congresistas de izquierda que argumentan que es sólo un pretexto para la privatización.
Esto sugiere que su eventual implementación no será fácil, especialmente mientras haya fuertes sindicatos en los sectores de energía, suministro de agua y educación que continúan siendo extremadamente hostiles.
Aunque el gobierno ha argumentado que una gran razón para introducir la ley de Alianza Público-Privada es la falta de suficiente financiamiento estatal para invertir en infraestructura, el ministro de Finanzas, Germán Rojas, ha puesto de manifiesto que nada de los US$ 500 millones recaudados en la primera emisión de bonos internacionales de Paraguay en enero de 2013 ha sido aún desembolsado.
Sin embargo, el gobierno espera que el enfoque de la Alianza Público-Privada supere el eterno problema de la lentitud en la ejecución de proyectos de infraestructura del Estado. Rojas señaló, además, que la ampliación de dos carreteras de gran importancia en Paraguay (rutas 1 y 2) podría ser implementada a través de una ley de Alianza Público-Privada.
Casos en el extranjero
La experiencia internacional sugiere que las leyes de Alianza Público-Privada son más propensas a tener éxito donde el Estado tiene una fuerte capacidad de regulación.
No está claro que Paraguay, con una administración pública politizada como la que tiene, será capaz de proporcionar la confianza y la seguridad legal necesaria para atraer a los inversionistas internacionales a participar en empresas conjuntas de este tipo.
Al interior del Partido Colorado está creciendo la incomodidad con la reforma a la legislación de Cartes, ya que se considera que no se está haciendo una consulta pública y, en su lugar, sólo se está haciendo una autorización de rutina sin cuestionamientos. La coalición de las fuerzas anti-Cartes dentro de la jerarquía del Partido Colorado bien podrían estar tentada de utilizar la retórica nacionalista del partido para torpedear el proyecto de ley de Alianza Público-Privada.
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