La Cámara de Representantes de Estados
Unidos aprobó hoy una medida que amplía la lista de naciones pobres
que pueden beneficiarse de la condonación de su deuda externa.
Con 285 votos a favor y 132 en contra, la Cámara Baja aprobó el
proyecto de ley denominado Jubilee Act, patrocinado por más de un
centenar de legisladores.
"La cancelación de la deuda permite a los países pobres utilizar
sus recursos para responder a las necesidades de sus pueblos. Es
algo simple y eficaz, y es lo correcto", dijo la legisladora Maxine
Waters, una de las promotoras de la medida.
Previo a la votación, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi,
dijo que la medida "es muy importante desde el punto de vista de
seguridad y compasión".
El proyecto de ley, respaldado por decenas de organizaciones
cívicas y religiosas, permite que hasta 24 países adicionales puedan
solicitar la cancelación de su deuda externa con EE.UU. y las
instituciones financieras internacionales.
La aprobación de la medida, señaló Pelosi, coincide con la visita
de seis días del Papa Benedicto XVI a Washington y Nueva York, quien
este mañana "habló de la verdad, la justicia y la libertad".
"La condonación de la deuda permite a los países hacer más para
promover la justicia, ya sea mediante la erradicación de las
enfermedades, el alivio de la pobreza o fijando la atención en los
factores que contribuyen a la desesperanza que conduce a la
violencia", explicó Pelosi, al señalar que son metas de la Iglesia
Católica y otras religiones.
La lista no incluye a ningún país de América Latina y la mayoría
de los países beneficiados son de África y Asia, entre ellos Angola,
Bangladesh, Birmania, Camboya, Cabo Verde y Djibouti.
También figuran Georgia, Kenia, Kiribati, la República Kyrgyz,
Lesoto, Maldivas, Mongolia, Moldovia, Nigeria, Samoa, Vietnam y
Yemen, entre otras naciones de la Asociación del Desarrollo
Internacional (IDA).
El proyecto permitiría condonar la deuda de esos países sólo si
reúnen ciertos requisitos relacionados con los derechos humanos,
transparencia presupuestaria y altas normas de rendición de cuentas
de sus gastos públicos.
La medida, que ordena al Departamento del Tesoro negociar
acuerdos para la cancelación de la deuda de los países, tiene que
ser ratificada en ambas cámaras del Congreso para convertirse en
ley.
El lunes pasado la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa
Blanca (OMB, por su sigla en inglés) dijo en un comunicado que
aunque el Gobierno de EE.UU. ha apoyado antes otras medidas de
alivio de la deuda de países pobres no puede dar su respaldo a la
que discute ahora la Cámara.
Los países que estarían cubiertos por la medida están manejando
su deuda o intentan ampliar su acceso a los mercados de capital
internacionales, explicó la Casa Blanca.
"Ofrecer un alivio de la deuda a países que pueden pagar su deuda
envía un mensaje equivocado y mina los esfuerzos de ayudar a las
naciones a que desarrollen prácticas sensatas para el manejo de la
deuda" y puedan ampliar su acceso a esos capitales, agregó el
documento.
La OMB señaló además que el programa en cuestión tendría un
impacto presupuestario "significativo".
Según el Departamento del Tesoro, la cancelación de la deuda de
países que tienen una deuda nominal de 2.500 millones de dólares con
EE.UU. y que no califican para la Iniciativa de Ayuda a Países
Fuertemente Endeudados (HIPC, por su sigla en inglés) tendría un
costo de unos 1.000 millones de dólares.
Ese cálculo toma en cuenta que todos los países de la Asociación
del Desarrollo Internacional calificarían para el alivio de la deuda
en el año fiscal 2008, explicó la OMB.
Esos mismos países deben al Banco Mundial (BM) y al Fondo
Monetario Internacional (FMI) más de 32.000 millones de dólares por
concepto de deuda nominal, sin incluir otras deudas bilaterales y
multilaterales, agregó.
El grupo Jubilee USA Network, que representa a 80 organizaciones
cívicas y religiosas, elogió la aprobación de la medida porque
considera que la cancelación de la deuda ayudará a los países pobres
a cumplir con las metas del Desarrollo del Milenio.
El grupo señaló que medidas similares aprobadas por el
Legislativo desde 1999 han salvado miles de vidas a un bajo costo
para los contribuyentes estadounidenses.
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