Manuel Merino duró menos de seis días como presidente interino de Perú. Nombrado por el Congreso después de que los legisladores impugnaran a su muy querido predecesor Martín Vizcarra, el caótico mandato de Merino terminó en ignominia luego de una represión policial contra manifestantes, que costó dos vidas y forzó su renuncia.
El costo humano del breve y vergonzoso mandato de Merino fue inaceptable, pero su presidencia también será recordada por un acto con graves consecuencias económicas: una de las últimas acciones de Merino fue firmar un proyecto de ley que permite a los peruanos retirar anticipadamente los ahorros de sus fondos de pensiones, segunda vez este año en que los legisladores han aprobado tal medida.
Los peruanos merecen ayuda de su gobierno. La nación andina tiene el segundo mayor número de muertes por coronavirus per cápita del mundo y está sufriendo una de las peores recesiones entre los mercados emergentes, luego de que un prolongado bloqueo nacional paralizara la economía pero fallara en evitar un aumento en las infecciones.
Permitir que los ciudadanos retiren anticipadamente parte de sus ahorros de pensiones no es la respuesta. Perú ha más que cuadriplicado su Producto Interno Bruto (PIB) este siglo y una de las silenciosas historias de éxito que subyacen a su economía fuerte y estable ha sido el sistema privado de pensiones. Esto permite a los ciudadanos acumular ahorros para la jubilación en cuentas individuales administradas por administradores profesionales. El sistema se inspiró en el del vecino Chile, que fue pionero en un sistema de pensiones privado en la década de 1980; Colombia y México utilizan variantes del mismo modelo.
Además de aliviar la presión a largo plazo sobre las finanzas estatales y dar a los ciudadanos más control sobre su futuro financiero, los sistemas de pensiones privados han sido fundamentales para construir grandes fondos de capital local que los gobiernos pueden aprovechar mediante emisiones de bonos. Los sistemas estatales de Brasil y Argentina son un testimonio de los peligros de depender principalmente del gobierno para financiar los beneficios de pensión; Ambos países han sufrido repetidas crisis fiscales causadas en parte por promesas de pensiones inasequibles.
Los modelos de pensiones privadas que se utilizan en los Andes pueden y deben mejorarse. En países con altos niveles de informalidad laboral, como Perú, muchos trabajadores entran y salen del empleo formal y no pueden acumular ahorros adecuados, o ningún ahorro en absoluto. Incluso para aquellos con largas carreras asalariadas, los niveles de cotización no son lo suficientemente altos. La red de seguridad del gobierno de Perú para los ancianos empobrecidos es inadecuada. Un pequeño número de administradoras de fondos de pensiones dominan el mercado en Perú y Colombia.
Ninguno de estos problemas se resolverá al permitir retiros anticipados de ahorros. Los legisladores de Perú han escuchado a sus corazones populistas en lugar de a sus cabezas financieras al permitir que los ciudadanos saqueen sus ollas de pensiones por segunda vez este año. El primer retiro llevó a que se retiraran alrededor de US$ 4 mil millones del sistema, que tenía alrededor de US$ 43 mil millones en activos bajo administración; el costo del segundo podría ser similar.
El populismo de pensiones de Perú se hace eco de movimientos similares a través de la frontera en Chile, donde el Congreso se encuentra en las etapas finales de aprobar una segunda redada en los ahorros de pensiones. La industria de los fondos de pensiones señala que los retiros repetidos amenazan con desarmar todo el sistema, un objetivo explícito de algunos miembros de la izquierda política que nunca se han preocupado por las pensiones privadas y ahora están presionando para que la legislación consagre un papel dominante para el estado.
Reformas cuidadosamente enfocadas, en lugar de una muerte lenta, es lo que merecen los sistemas privados de pensiones de América Latina. Sobornar a los ciudadanos con su propio dinero no es la respuesta.
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