El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha planteado por primera vez un calendario claro para la revisión de la constitución pacifista del país, agendando un cambio fuerte –su ambición más deseada– para el año de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
En una señal de la resolución del primer ministro en un asunto que divide al país, sus comentarios surgieron ayer durante el Día de Memoria Constitucional, el feriado nacional que marca la promulgación del documento que ha dado forma a la política doméstica e internacional de la nación desde 1947.
“Quiero hacer que 2020 sea el año cuando entre en vigencia la nueva constitución”, señaló a un simposio privado en un mensaje de video, contenidos que fueron reportados por medios japoneses.
“Hemos alcanzado el punto donde tendremos que empezar las negociaciones en términos más concretos para presentar al público una propuesta”, afirmó.
A inicios de esta semana, cuando habló de la gravedad del aumento de las tensiones por Corea del Norte, Abe dijo a un grupo de parlamentarios de varios partidos que solo una minoría de los nipones “consideran la constitución como un tomo inmortal”.
En una entrevista con el periódico Yomiuri publicada ayer, Abe describió el aniversario de la constitución en 2017 –un documento escrito mientras que el país todavía estaba bajo la ocupación estadounidense– como una “oportunidad perfecta” para la revisión.
La cláusula de la paz
Desde que Abe llegó al poder en diciembre de 2012, los inversionistas en Japón han sido cautelosos sobre su entusiasmo por la reforma constitucional. Pese a algunas señales alentadoras hay temor a que el proyecto Abenomics de renacimiento económico siga sin terminarse si él dedica los años restantes en el poder para asegurar el apoyo al cambio constitucional.
La revisión del documento requiere de una mayoría de dos tercios en ambas cámaras y la mayoría de votos populares en un referendo nacional. La enmienda, que marcaría el primer cambio en la constitución en 70 años, se enfocará en el Artículo 9, la llamada cláusula de paz bajo la cual Japón renuncia a amenazar o usar la fuerza para arreglar disputas internacionales y promete que “nunca mantendrá” fuerzas aéreas, marítimas y terrestres.
Las interpretaciones sucesivas de la cláusula han proporcionado al país una cubierta política para construir sus Fuerzas de Auto-Defensa (SDF) que algunos analistas califican como uno de los diez ejércitos mejor equipados y financiados del mundo.
Mientras que el lenguaje preciso de cualquier enmienda propuesta tiene que publicarse todavía, hubo un borrador de 2012, cuando Abe todavía estaba en la oposición. Desde entonces ha repetido sus intenciones de agregar la clausula dando a las SDF el derecho formal de existir. “En nuestra generación necesitamos establecer un respaldo constitucional para las SDF para que no haya oportunidad de discutirla”, dijo al simposio.
Medida contradictoria
Pese al sólido apoyo a Abe, su deseo de revisar la constitución es altamente divisivo. Las encuestas más recientes mostraron que 46% está en contra mientras que 45% está a favor. Hace dos años, cuando Abe presionaba por una ley que dejara a los militares japoneses combatir fuera del país, el tema causó protestas masivas.
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