El Presidente de Argentina, Javier Milei, quiere reformar el sistema presupuestario de su país para forzar cierres del gobierno al estilo de Estados Unidos cuando el Congreso llegue a un punto muerto en las negociaciones sobre el gasto, en una nueva señal de su intención de consolidar su agenda de austeridad.
Actualmente, si el Congreso argentino no aprueba el presupuesto propuesto por el Gobierno, automáticamente sigue vigente el presupuesto del año anterior. Sin embargo, el mandatario presentará un proyecto de ley para modificar ese sistema.
“Estamos trabajando en un sistema de shutdown del Poder Ejecutivo”, dijo a una radio local. “Una vez que se agota el presupuesto, ya no es posible seguir gastando y el Estado se apaga”, afirmó este martes.
En Estados Unidos, los legisladores enfrentan un plazo para aprobar una nueva legislación de gasto antes de que expiren las asignaciones presupuestarias vigentes. Si no lo hacen, o si el Presidente se niega a promulgar la ley, las agencias federales suspenden las actividades no esenciales y los funcionarios públicos son enviados a sus casas sin sueldo o deben seguir trabajando sin recibir remuneración.
Estos cierres suelen ser muy impopulares y, por lo general, el partido considerado responsable termina pagando el costo en las urnas. El año pasado, el cierre más prolongado en la historia de Estados Unidos interrumpió la entrega de ayuda alimentaria, suspendió la publicación de datos económicos y afectó el funcionamiento del control del tráfico aéreo durante 43 días, tras un desacuerdo sobre créditos tributarios para salud.
El mandatario, un cercano aliado del Presidente Donald Trump, ha reducido el gasto del Gobierno argentino en 30% desde que asumió en diciembre de 2023 y eliminó el persistente déficit fiscal del país.
La prórroga de los presupuestos de años anteriores desempeñó un papel importante en los primeros recortes reales del gasto, luego de que el Congreso rechazara el presupuesto del Ejecutivo y el valor del presupuesto anterior fuera erosionado por una inflación que alcanzó un máximo cercano al 300% en 2024.
La austeridad ha contribuido a contener las presiones inflacionarias en Argentina y ha sido bien recibida por los mercados, aunque varias industrias relevantes todavía enfrentan dificultades para recuperarse de la fuerte caída de la actividad registrada durante los primeros meses del actual Gobierno.
Además, las autoridades preparan una nueva carta orgánica para el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que prohibirá a la entidad emitir dinero para financiar el gasto público.
El Gobierno ha identificado esa práctica como la principal causa de la persistente inflación crónica del país, luego de que la administración anterior imprimiera miles de millones de dólares equivalentes en pesos, impulsando la inflación anual hasta cifras de tres dígitos.
En entrevista con Radio Neura, el Presidente sostuvo que esa práctica incluso podría transformarse en un delito. “Porque es un fraude”, afirmó. “El Código Penal establece que el fraude y la falsificación de moneda son delitos”.
Si bien La Libertad Avanza cuenta con una representación minoritaria en ambas cámaras del Congreso, el mandatario ha logrado aprobar buena parte de su agenda mediante acuerdos con legisladores de centroderecha, de centro e independientes.
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