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REGÍSTRATE AQUÍLa medida fue presentada al congreso por la opositora Fuerza Popular.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 20 de diciembre de 2016 a las 04:00 hrs.
El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del congreso de Perú, Juan Carlos Gonzales (Fuerza Popular), presentó a principios del mes un proyecto de ley que busca restituir penas de cárcel para quienes concerten precios o realicen cualquier otra práctica contra el libre mercado. Las penas propuestas van de dos a cinco años.
El proyecto sostiene que el actual esquema no garantiza que la sanción administrativa cumpla su función disuasiva de conductas antimonopólicas.
“Una de las alternativas para que todo tipo de conductas antimonopólicas no produzca daño a los consumidores es incorporar nuevamente estas figuras penales a nuestro ordenamiento legal, con fines disuasivos”, sostuvo.
Asimismo, afirmó que, a través de conductas penales sancionadas con penas privativas de la libertad, se puede logra un efecto disuasivo en las personas naturales que pretenden realizar estas conductas penalmente reprochables.
A finales de octubre, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi impuso una multa total de 8,9 millones de soles contra cinco cadenas farmacéuticas por concertar los precios de 36 productos farmacéuticos desde enero de 2008 hasta marzo de 2009.
En noviembre, cuatro de ellas informaron que no apelarán la sanción, luego pagando la multa.
De acuerdo con su última entrega de resultados, a julio de este año los ingresos de la firma disminuyeron cerca de un 29%, mientras que sus pérdidas se profundizaron a los $ 13.175 millones.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.