El audio de una conversación telefónica entre la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y el ex titular de la agencia de inteligencia AFI, Oscar Parrilli, fue difundido en medios locales y posteriormente confirmado en un expediente que encabezará el juez Sebastián Casanello, en el que se investigará si la ex jefa de Estado incurrió en los delitos de abuso de autoridad y falsa denuncia al referirse al “armado” de causas contra el ex agente Horacio Antonio Stiuso.
La charla telefónica que mantuvieron el 11 de julio Fernández y Parrilli fue grabada con autorización del juez federal Ariel Lijo en el marco de otra causa y forma parte de la denuncia que realizó la semana pasada el fiscal federal Guillermo Marijuan contra la ex mandataria. La grabación, difundida por radio La Red, se registró el mismo día en que el diario La Nación publicó una entrevista en la que el Stiuso sostuvo que “los Kirchner tenían servicios paralelos que les armaban carpetazos”, y en la misma, los ex funcionarios dialogan sobre los dichos del ex agente, sobre quien Fernández pidió a Parrilli que “investigue todas las causas que le armamos”. Luego se corrige y detalla: “no que le armamos, que le denunciamos”.
La escucha se inició a partir de que fuera intervenido el teléfono celular de Parrilli, en el marco de una investigación en su contra por su presunta inacción en la detención de Ibar Pérez Corradi, principal acusado por el triple crimen de General Rodríguez, en 2008.
Espionaje político
Posteriormente, Parrilli advirtió que la divulgación de sus conversaciones telefónicas con Fernández es “ilegal” y acusó directamente al presidente Mauricio Macri de dar “expresas directivas” para que se realice “espionaje político” sobre la ex mandataria y otros referentes de la oposición, por lo que recurrirá a la Justicia. En un comunicado, Parrilli sostuvo que “este escandaloso espionaje político sobre la ex presidenta, está siendo realizado por expresas directivas de Macri”.
Posteriormente, Fernández respaldó los dichos de Parrilli y dijo que “la divulgación y la entrega a medios periodísticos de manera ilegal de conversaciones son responsabilidad exclusiva de Ricardo Lorenzetti, Gustavo Arribas, Ariel Lijo y Guillermo Marijuan, a quienes hago responsable penalmente y contra quienes accionaré judicialmente”, sobre quienes deben controlar las escuchas.
Desde la dirección de escuchas, a cargo de la Corte, sostuvieron que “no ha habido entrega, filtración o divulgación de material alguno fuera de los reglamentos de actuación y protocolos de cadena de custodia establecidos para garantizar el resguardo de la información”.
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