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Publicado: Miércoles 28 de diciembre de 2016 a las 04:00 hrs.
El juez Julián Ercolini decidió ayer el procesamiento de la ex presidenta argentina Cristina Fernández y le ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos (US$ 643 millones), informó el Centro de Información Judicial (CIJ). Todo esto en el marco de la causa por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral, encabezado por el empresario Lázaro Báez, quien actualmente se encuentra detenido.
Báez, un contratista de obra pública cuyo crecimiento patrimonial se ha revelado como sideral, era una persona de extrema cercanía con la familia Kirchner, desde la época en la que Néstor, el fallecido marido de Fernández y su predecesor en la presidencia, gobernaba en la provincia de Santa Cruz.
La ex presidenta fue procesada por administración fraudulenta agravada. Además, el magistrado dispuso el procesamiento de Julio De Vido, actual diputado de la nación y ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en la administración de Fernández, José López, ex secretario de Obras Públicas, y al propio Lázaro Báez.
El centro de incidencia valora esta figura contractual, pero advierte que su diseño debe impedir que se utilice para encubrir relaciones laborales permanentes. Entre sus propuestas figuran la consolidación automática de horas, la prohibición de cláusulas de exclusividad y un registro verificable de turnos.
La startup migró de un marketplace tradicional a un sistema de emparejamiento con inteligencia artificial que le permitió pasar de 7 mil a 20 mil alojamientos en seis meses y operar en 10 países.
La representación femenina llega a solo un 14%, mientras que, a nivel latinoamericano, esta alcanza un 25%. La participación de abogadas crece entre los jóvenes rankeados, donde las asociadas superan el 50%.
Centro de salud mental y la unidad de terapia celular, forman parte de un plan de inversiones por US$ 13 millones, que también incluye un área para la atención de adultos mayores.