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Publicado: Miércoles 28 de diciembre de 2016 a las 04:00 hrs.
El juez Julián Ercolini decidió ayer el procesamiento de la ex presidenta argentina Cristina Fernández y le ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos (US$ 643 millones), informó el Centro de Información Judicial (CIJ). Todo esto en el marco de la causa por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral, encabezado por el empresario Lázaro Báez, quien actualmente se encuentra detenido.
Báez, un contratista de obra pública cuyo crecimiento patrimonial se ha revelado como sideral, era una persona de extrema cercanía con la familia Kirchner, desde la época en la que Néstor, el fallecido marido de Fernández y su predecesor en la presidencia, gobernaba en la provincia de Santa Cruz.
La ex presidenta fue procesada por administración fraudulenta agravada. Además, el magistrado dispuso el procesamiento de Julio De Vido, actual diputado de la nación y ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en la administración de Fernández, José López, ex secretario de Obras Públicas, y al propio Lázaro Báez.
De acuerdo con su última entrega de resultados, a julio de este año los ingresos de la firma disminuyeron cerca de un 29%, mientras que sus pérdidas se profundizaron a los $ 13.175 millones.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.