El juez Julián Ercolini decidió ayer el procesamiento de la ex presidenta argentina Cristina Fernández y le ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos (US$ 643 millones), informó el Centro de Información Judicial (CIJ). Todo esto en el marco de la causa por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral, encabezado por el empresario Lázaro Báez, quien actualmente se encuentra detenido.
Báez, un contratista de obra pública cuyo crecimiento patrimonial se ha revelado como sideral, era una persona de extrema cercanía con la familia Kirchner, desde la época en la que Néstor, el fallecido marido de Fernández y su predecesor en la presidencia, gobernaba en la provincia de Santa Cruz.
La ex presidenta fue procesada por administración fraudulenta agravada. Además, el magistrado dispuso el procesamiento de Julio De Vido, actual diputado de la nación y ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en la administración de Fernández, José López, ex secretario de Obras Públicas, y al propio Lázaro Báez.