El superintendente delegado para la Protección de la Competencia de Colombia, Jorge Enrique Sánchez, presentó su informe al superintendente Pablo Felipe Robledo, donde recomendó que las empresas papeleras que sean halladas responsables de colusión paguen una multa de 68 mil millones de pesos (US$ 22 millones). Los ejecutivos, en tanto, afrontarán pagos de 1.370 millones de pesos (US$ 438 mil).
Ello, en el contexto de la investigación que realiza la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en torno al cartel de papel higiénico que funcionaba en Colombia desde hace más de trece años.
En los correos interceptados por la SIC, las empresas utilizaban un modus operandi de una banda criminal, y se reconocían con un alias: Kimberly era ‘Kiosko’, Familia era ‘Feos’, Papeles Nacionales era ‘Pitufos’ y a Cartones y Papeles de Risaralda lo reconocían como ‘Rosas’.
El caso está inmerso en el negocio de papeles suaves, que mueve al año 1,2 billones de pesos colombianos (US$ 384 millones). Según los documentos de la SIC, fruto del cartel, el negocio aumentó 30% sus precios, lo que representa ganancias anuales de 300.000 millones de pesos (US$ 96 millones) provenientes de los compradores de estos productos.
El caso también contó con empresas que prefirieron colaborar con la justicia aportando información valiosa para lograr beneficios en el proceso. Según Delgado, Drypers, de la chilena CMPC Tissue, debería quedar fuera del proceso.
La investigación reveló que los acuerdos permanentes e ininterrumpidos para la fijación de precios se originaron hace 16 años, y se mantuvieron al menos hasta fines de 2013. Además, las empresas Kimberly y Familia fueron las principales involucradas en los hechos, al ser participantes activos y permanentes en los diferentes procesos.
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