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Publicado: Jueves 2 de febrero de 2017 a las 04:00 hrs.
Las autoridades de Cusco acordaron ayer iniciar un paro de actividades, exigiendo una modificación al contrato de concesión del aeropuerto de esa localidad, de modo que la primera fase de las obras comience inmediatamente con el financiamiento del gobierno. “Expresamos nuestra indignación, extrañeza y total rechazo a la anunciada postergación del inicio de la ejecución de la primera fase de las obras del aeropuerto internacional de Chinchero. Rechazamos todo ‘lobby’ o acto político que pretenda impedir la ejecución de este importante proyecto”, manifestaron.
Frente a ello, el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, sostuvo ayer que “en un afán de transparencia hemos postergado la suscripción de la modificación del contrato y cursamos un documento al presidente de la comisión Lava Jato, (diputado) Victor Albercht, luego que esté nos exhortara a no firmar”.
Ante la falta de respuesta del parlamentario y la presión desatada, el funcionario anunció ayer que se decidió “suscribir esta modificación contractual que reduce los costos de manera significativa del contrato del Aeropuerto de Chinchero (...) No podemos estar cayendo en el juego político de fuerzas que por un lado dicen que nos abstengamos y por otra que están dispuesto a apoyarlo”.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
El adelanto corresponde hasta un 26% del costo total de la obra, el que será entregado en dos cuotas. El convenio también incorporará una serie de compromisos adicionales por parte del contratista.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.