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Publicado: Jueves 30 de agosto de 2012 a las 05:00 hrs.
Un tribunal de Hong Kong resolverá el próximo mes si Ernst & Young (E&Y) puede usar secretos de Estado como una excusa para retener información de los reguladores de valores.
Según una orden judicial archivada por la Comisión de Seguridad y Futuros (SFC, su sigla en inglés) y la Corte Suprema, un juez fallará el 11 de septiembre si está “satisfecho de que no haya excusa razonable” para que la firma de contabilidad se niegue a cumplir la solicitud de la SFC de compartir documentos relacionados con un candidato a transar en bolsa.
La orden judicial dice que la SFC emitió nueve avisos desde abril de 2010 a octubre de 2011 a E&Y para que diera explicaciones de los registros de la compañía china de tratamiento de desechos de agua Standard Water, a la que la firma estaba ayudando para postular a la apertura a bolsa en Hong Kong en 2009. El mandato judicial de la SFC dice que E&Y “fracasó en producir los documentos y en ayudar a la comisión” a conducir una investigación respecto de Standard Water” al rechazar compartir los documentos que citan las restricciones bajo la ley de confidencialidad.
Standard Water envió una solicitud en noviembre de 2009 para listarse en Hong Kong. En marzo del siguiente año, E&Y informó a la bolsa que había encontrado ciertas inconsistencias en sus documentos.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.