El 13 de febrero, General Motors anunció el retiro de 800 mil vehículos para reparación de un desperfecto. Pocos días después, el 25 de febrero, amplió la cifra a 1,6 millón de unidades.
Este tipo de medidas se ha vuelto habitual en la industria, y la operación anunciada por la automotriz estadounidense está muy lejos del escándalo que provocó el recall de 10 millones de autos por parte de Toyota, en 2011.
Pero el caso de GM amenaza con convertirse en una crisis mayor que la que vivió su rival japonesa, luego de que se revelara que la compañía sabía de los desperfectos desde 2001 y que no hizo nada al respecto a pesar de que tenía antecedentes de que la falla incidió en accidentes de tránsito con víctimas fatales.
La omisión de GM resulta aún más inexplicable considerando que la pieza dañada, el switch de encendido, era de fácil reemplazo, con un costo máximo de US$ 5 por unidad. En total, todo el proceso, no costaría ahora más de
US$ 100 millones.
El desperfecto ha sido detectado en ocho modelos de sus marcas Saturn, Chevrolet y Pontiac, y puede ocasionar que el vehículo se apague en plena marcha, comprometiendo su conducción e impidiendo además que se activen los airbags durante una colisión.
Hoy la automotriz estima que el defecto de fábrica habría influido en 34 accidentes con doce víctimas fatales.
Sin embargo, utilizando cifras oficiales de la NHTSA, la agencia federal del sector, la firma independiente Friedman Research, calcula el número de muertes relacionadas con el caso en 303.
“Al ocultar el defecto de la llave de encendido durante al menos 10 años, GM ha creado más víctimas y luego les robaron sus derechos legales a través del paso del tiempo”, escribió Clarence Ditlow, directora ejecutiva del Centro para Seguridad del Automóvil, y Joan Claybrook, presidente emérita de Public Citizen.
El regulador de la industria está hoy realizando una investigación, y ya ha advertido sobre sanciones “muy, muy duras” a la compañía. Fuentes informadas estiman que la firma podría arriesgar multas de hasta US$ 35 millones que, aunque bajas para el nivel de ingresos de estos gigantes, serían las mayores que ha impuesto el organismo hasta la fecha.
Pero los riesgos para GM van mucho más allá. Además del proceso que está llevando a cabo la NHTSA, el Congreso de EEUU ya ha anunciado la conformación de al menos dos comisiones investigadoras para analizar el caso, y la Oficina de la Fiscalía de Nueva York también anunció una indagatoria que podría derivar en acciones criminales, debido a que la automotriz no notificó a los reguladores a su debido tiempo sobre las fallas, dijo una fuente anónima a Bloomberg.
En el frente de las demandas civiles, dos grupos de defensa del consumidor pidieron a la directora ejecutiva de GM, Mary Barra, que recién asumió el cargo en enero, crear un fondo fiduciario de US$ 1.000 millones para pagar a las víctimas, y fuentes cercanas a la automotriz han sugerido que está evaluando hacerlo.
Los abogados de las víctimas están exigiendo indemnizaciones por eventos ocurridos incluso antes de la reorganización de GM en 2009, la cual protege a la nueva automotriz de las responsabilidades por eventos ligados a la empresa anterior.
Costo real del recall
Pero más allá de eso, la mayor amenaza para General Motors en este caso es el riesgo reputacional, aseguró Stephen Brown, analista de Fitch Ratings en un reporte publicado el viernes. La entidad financiera no espera que el recall tenga un efecto en el rating o la perspectiva de GM, pero están monitorando muy de cerca cualquier información que se vaya dando a conocer.
La automotriz ha sido cuestionada por la forma errática en que ha ido revelando la información. En un primera cronología de los sucesos, GM informó que la primera falla fue detectada en 2004 y luego rectificó en una segunda declaración que desde 2001 que los automóviles habían fallado en el sistema de inicio de sus modelos involucrados en el recall.