La Fiscalía Federal suiza ha abierto una investigación sobre la adquisición de Credit Suisse por su rival de mayor tamaño, UBS, respaldada por el Estado.
La fiscalía, con sede en Berna, está investigando posibles infracciones de la legislación penal suiza por parte de funcionarios del gobierno, reguladores y ejecutivos de los dos bancos, que acordaron una fusión de emergencia el mes pasado en el transcurso de un fin de semana frenético para evitar una crisis financiera potencialmente catastrófica.
"La Fiscalía Federal quiere cumplir de forma proactiva su misión y su responsabilidad de contribuir a una plaza financiera suiza limpia y ha establecido una vigilancia para tomar medidas inmediatas en cualquier situación que entre dentro de su campo de actividad", declaró la autoridad al Financial Times.
Hay "numerosos aspectos de los acontecimientos en torno a Credit Suisse" que merecen ser investigados, dijo, y que necesitan ser analizados para "identificar cualquier delito que pueda ser competencia de la fiscalía".
El fiscal, Stefan Blättler, ha emitido una serie de “órdenes de investigación” a organismos gubernamentales. Su oficina también ha estado en contacto con los gobiernos federal y cantonal y es probable que busque entrevistar a funcionarios clave en relación con la adquisición.
El matrimonio forzado de los dos bancos ha provocado protestas en Suiza: los partidos políticos han convocado una sesión extraordinaria del Parlamento este mes en la que probablemente se vote una comisión de investigación formal.
Las encuestas muestran que más de las tres cuartas partes de los ciudadanos suizos se oponen a la adquisición de US$ 3.250 millones, que creará un gigante financiero con más de 5 billones de francos suizos (us$ 5.5 billones) de activos bajo gestión.
UBS reducirá su fuerza laboral entre un 20% y un 30% después de la adquisición de Credit Suisse
Una mayoría apoya la legislación para dividir el banco o incluso medidas para recuperar las primas de los altos cargos, que, según ellos, deberían ser considerados responsables de sus acciones.
Parlamentarios de todo el espectro político también han cuestionado el uso de los poderes de emergencia por parte del gobierno -el Consejo Federal de siete personas- para ampliar las garantías financieras respaldadas por los contribuyentes a UBS y silenciar la posible oposición de los accionistas.
El Consejo Federal emitió una ordenanza para liquidar más de 16 mil millones de francos suizos de los llamados instrumentos de deuda híbridos subordinados AT1 emitidos por Credit Suisse para suavizar la adquisición, al tiempo que opta por preservar algo de valor para los accionistas.
La medida enfureció a algunos grandes inversionistas internacionales de renta fija y generó preocupación entre los reguladores internacionales por su impacto en la capacidad continua de otros bancos para obtener capital.
Algunos de los inversores afectados se han comprometido a llevar al gobierno suizo y al regulador financiero ante los tribunales por la decisión.
Berna ha insistido en que la urgencia de la situación el mes pasado le dejó pocas opciones. Credit Suisse experimentó un dramático deterioro de su capacidad de acceso a la liquidez en los días previos a la conclusión del rescate, el 19 de marzo, según ha declarado el Gobierno.
Según la ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, una absorción estatal de Credit Suisse o su disolución ordenada en un proceso conocido como "resolución" no eran alternativas viables a la absorción debido a los inaceptables riesgos financieros para los contribuyentes en que habrían incurrido.
Los accionistas de UBS y Credit Suisse, a los que el Gobierno negó la palabra, tendrán la próxima semana la oportunidad de expresar sus quejas en las juntas anuales de ambos bancos.
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