Las semanas en prisión preventiva de la abogada Leonarda Villalobos, una de las protagonistas del Caso Audios, han sido complejas.
Según un escrito ingresado por su defensora, Alejandra Borda, al 4° Juzgado de Garantía de Santiago el 22 de septiembre, Villalobos habría sido objeto de amenazas al interior del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel.
Junto con esta denuncia, Borda también solicitó una audiencia de cautela de garantías para Villalobos y la revisión de sus medidas cautelares.
“Lejos de preocuparnos por diferencias de forma, como la inexistencia de comodidades (...) nuestro punto principal ha sido la falta de seguridad que un penal especial para delitos económicos le puede ofrecer al imputado”, señaló Borda.
Villalobos, imputada por el Caso Audios, permanece desde el 27 de agosto en el recinto, donde cumple la prisión preventiva dictada por el tribunal luego de ser formalizada por delitos tributarios, lavado de activos y soborno.
De acuerdo con el escrito ingresado por Borda, el 14 de septiembre Villalobos recibió una amenaza directa, donde le habrían advertido que “la iban a masacrar”.
“El sábado 14 de septiembre, en horas de la mañana, en circunstancias que mi representada se ausentó de su celda para asistir al baño, alguien ingresó a su celda, depositando un ‘bulto’ extraño que contenía una nota”, relató el escrito.
El hallazgo “fue inmediatamente informado a Gendarmería, quien a través de cinco funcionarias lograron descifrar que la nota correspondía a una amenaza directa en que se le indicaba que debía tener cuidado porque la iban a ‘masacrar’”, relató Borda.
“Dicha situación terminó en la realización de una denuncia ante el fiscal de turno de la Zona Centro Sur”, agregó.
De esta manera, argumentó la necesidad de una audiencia de cautela de garantías “para debatir la necesidad de modificar la medida cautelar a la que se encuentra sometida”.
En esta línea, pidió cambiar la prisión preventiva de Villalobos por arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Trato igualitario
Desde que se decretó la prisión preventiva de su representada, la abogada de Villalobos solicitó un traspaso para la imputada, argumentando que el sistema penitenciario no contaba con la capacidad para resguardarla adecuada e igualitariamente.
Borda sostuvo que “lejos de preocuparnos por diferencias de forma, como la inexistencia de comodidades, agua caliente, calefacción o distracciones para los internos, nuestro punto principal ha sido la falta de seguridad que un penal especial para delitos económicos le puede ofrecer al imputado”.
Los hombres formalizados por la misma causa, sostuvo Borda, están protegidos por Gendarmería, en un recinto especial para este tipo de delitos con “personas de similares estratos socio culturales”, sin estar expuestos de la misma manera a amenazas y extorsiones.
Asimismo, señaló que la magistrada había estado de acuerdo en habilitar un anexo para Villalobos en Capitán Yáber, pero Gendarmería respondió que esto no era posible.
“Podrá apreciar SS (Su Señoría) que nuestros temores no eran infundados, ni buscaban generar beneficios en forma artificial, solo buscaban generar una esfera de resguardo igualitaria para nuestra representada, en comparación con la que actualmente tienen el resto de los coimputados por la misma causa”, señaló Borda en su escrito.
Medidas de resguardo
Ante la solicitud de Borda, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el viernes la audiencia de cautela de garantías y revisión de prisión preventiva de Villalobos. La instancia se desarrollará en el Centro de Justicia de Santiago.
Además, ordenó medidas de resguardo para la imputada al interior del recinto penitenciario. “Atendido el mérito de lo expuesto, ofíciese al señor alcaide del CPF San Miguel a fin de solicitar que adopte las medidas de resguardo necesarias para asegurar la integridad física y psíquica de la imputada al interior del recinto penal, en atención a la información proporcionada por la abogada defensora quien señala que la imputada ha sido objeto de amenazas”, resolvió.
Cautelares de funcionarios
También tendrán una audiencia de revisión de cautelares los funcionarios públicos formalizados por el posible delito consumado de cohecho. Se trata del trabajador del Servicio de Impuestos Internos (SII), Patricio Mejías, y del empleado público de la Tesorería General de la República, Renato Robles, quienes solicitaron dejar el arresto domiciliario y arraigo nacional que fue dictado por el tribunal el 21 de agosto, acordada por sus defensas con el Ministerio Público.
La discusión por ambas medidas cautelares quedó programada para este miércoles al mediodía.
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