Hace tres años, el factoring Primus Capital, por ese entonces controlado por el empresario Raimundo Valenzuela, sacudía al mercado al informar que había detectado hallazgos relacionados con operaciones falsas al interior de la empresa que involucraban a su gerente general, Francisco Coeymans, y al director comercial, Ignacio Amenábar.
El bullado fraude provocó un perjuicio para los accionistas de Primus Capital del orden de US$ 100 millones y una serie de acciones judiciales que terminaron en distintas sedes jurídicas.
A nivel administrativo, en mayo de 2025, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó una sanción de UF 50 mil en contra de Coeymans por proporcionar información falsa al público y al regulador sobre la situación financiera de Primus Capital.
Sin embargo, estaba pendiente una arista: el rol de la auditora Deloitte en el caso, que fue sujeta de una investigación por parte de la CMF y que recientemente fue notificada de una sanción de multa, según la Resolución Exenta N° 3913 a la que tuvo acceso DF.
Deloitte sostuvo que que las conclusiones de la sanción “no se ajustan a la normativa que regula la labor de auditoría”, y evaluará opciones legales para impugnar la resolución.
Deficiencias
El consejo de la CMF, presidido por Catherine Tornel, decidió sancionar económicamente a Deloitte y su socio de auditoría, Roberto Leiva, en su calidad de auditora de los estados financieros de Primus para el año 2022, el último reporte antes de descubrirse el fraude por más de $ 24 mil millones en la compañía.
De acuerdo con el regulador, el actuar de la firma no estuvo al nivel de los adecuados estándares de cuidado y diligencia en que deben ejercer las auditoras del mercado.
En su resolución, firmada 10 de abril, el regulador afirmó que “la conducta de la empresa de auditoría externa investigada y del socio a cargo, don Roberto Leiva, evidencia deficiencias en el cumplimiento de los estándares, particularmente en lo relativo a la obtención y evaluación de evidencia de auditoría, la adecuada documentación del trabajo realizado y la aplicación del escepticismo profesional, en el contexto de la auditoría de los estados financieros de Primus terminados a diciembre de 2022”.
“Los hechos objeto del presente procedimiento han tenido un impacto relevante en la calidad de la información disponible en el mercado de valores, así como en su transparencia, en la medida que las deficiencias detectadas incidieron en que la información financiera del emisor no reflejara adecuadamente su situación, afectando la confiabilidad de la misma para los usuarios”, añadió la CMF.
“Las conductas del presente procedimiento sancionatorio han de estimarse como graves, toda vez que dan cuenta de una falta de cuidado, diligencia, juicio y escepticismo profesional en una actividad especialmente relevante para el correcto funcionamiento del mercado, como lo es la labor que desempeñan las empresas de auditoría externa”, argumentó el organismo.
En esta línea, la CMF concluyó que tanto Deloitte como Leiva incurrieron en la infracción de las obligaciones de las empresas de auditoría externa en una serie de artículos de la Ley del Mercado de Valores.
De esta manera, resolvió aplicar una multa de UF 2 mil a la firma -unos $ 79,8 millones al cierre de esta edición-, mientras que para su socio de auditoría se resolvió una sanción económica de UF 1.000, equivalentes a poco menos de $ 40 millones.
Los cheques
Para la CMF, la clave estuvo en el arqueo o revisión de cheques y otros documentos que son la base de los negocios de Primus y, asimismo fueron los principales instrumentos falsificados en el fraude efectuado por los exdirectivos de la firma hoy formalizados, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar.
“Hay que tener en consideración que el cheque es un instrumento que presenta un riesgo inherente producto de su propia naturaleza, en que nos encontramos ante un documento que solo tiene existencia física, es manipulable y falsificable, es decir, su principal riesgo se relaciona con la aseveración de existencia”, apuntó el regulador.
De esta manera, “los controles que permitirían verificar la existencia de dichos documentos eran fundamental, lo que no fue observado por la auditora”, apuntó la CMF.
Deloitte evalúa acciones legales
A través de una declaración por escrito, Deloitte señaló que “si bien la firma respeta el rol de la Comisión para el Mercado Financiero y sus procesos institucionales, discrepa de las conclusiones de la sanción, ya que no se ajustan a la normativa que regula la labor de auditoría”.
“Lo anterior resulta evidente en cuanto pretende atribuir a un auditor deberes de autenticación de cheques, en circunstancias que no forma parte de los deberes del auditor detectar fraudes al interior de la compañía auditada”, añadió.
En esta línea, subrayó que “como ha sido públicamente informado, este fraude habría sido diseñado y ejecutado por altos ejecutivos de la compañía, lo que pone en cuestión la falta de control y supervisión de sus órganos internos, incluyendo a su propio directorio”.
Finalmente, Deloitte informó que evaluará “las opciones legales que contempla el proceso para impugnar la resolución, reafirmando su compromiso con los más altos estándares profesionales, la transparencia y la confianza pública”.
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