Fue a fines de octubre pasado que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) puso término al proceso administrativo del segundo grupo de formulados de cargo del Caso Cascadas, con multas que suman unos US$ 6,9 millones.
Es así como a partir de la notificación de la medida, Banchile Corredores de Bolsa y su ex gerente de inversiones, Cristián Araya Fernández; Linzor Asset Management –hoy CHL Asset Management Chile-, y su representante legal, Canio Corbo Atria, tenían cinco días hábiles para presentar los recursos de reposición ante el regulador, buscando ya sea una disminución de los montos que deberán pagar, o para rechazar la decisión de la entidad encabezada por Carlos Pavez.
Y a pesar de lo que se esperaba, sólo dos multados decidieron apelar: Banchile C. de B. y Araya, cuyas defensas llegaron poco antes de la medianoche del miércoles para ingresar los recursos.
En el caso de la intermediaria de valores la multa fue de US$ 2,1 millones, mientras que en el caso de su ex ejecutivo, fue de
US$ 3,1 millones.
Respecto a Linzor y Corbo, existen dos escenarios posibles: que decidan llevar el caso directamente a tribunales, específicamente a los tribunales civiles, o que decidan pagar lo fijado por la Superintendencia, que en ambos casos asciende a unos US$ 843.500.
La arista Linzor
Justamente las operaciones que están contenidas en la llamada arista Linzor, y que abarcó transacciones bursátiles que se realizaron con los títulos SQM-B y SQM-A, entre diciembre de 2009 y marzo de 2011, son las que forman parte de las pesquisas que está llevando a cabo el Ministerio Público por la eventual falsificación de actas de directorio de algunas sociedades cascada.
Es así como en el plano penal, la fiscalía cuenta con mayores plazos de caducidad que la SVS, lo que implica que además de los antecedentes de los sancionados, se suman al expediente la información relativa a Citigroup Global Markets Inc y su ejecutivo Fabio Gheilerman.
Esto porque según el comunicado que publicó la Superintendencia a fines de octubre, "si bien se pudieron configurar las infracciones a la Ley de Mercado de Valores", se resolvió cerrar sin sanción los procedimientos administrativos sancionadores en su contra, debido a que el regulador no puede ejercer su facultad sancionadora después de que han pasado más de cuatro años desde que se produce la infracción imputada.
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