Créditos universales debutan hoy con varias dudas en la industria
Normativa comienza este lunes para oferentes de préstamos.
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Por Paula Gallardo
Un debut esperado es el de créditos universales que a partir de hoy deberán comenzar a ser ofrecidos por bancos, compañías de seguros, retail, mutuarias y cajas de compensación, luego de 180 días de análisis y adaptación.
El reglamento busca crear una plataforma común que permita comparar las ofertas de las colocaciones de consumo, hipotecarias y de tarjetas de crédito.
Además, unifica su “lenguaje” de presentación bajo tres conceptos: carga anual equivalente (CAE) que es el costo de un crédito anual en porcentaje y que incluye el interés, los costos del crédito y los plazos para el mismo; gastos asociados al crédito, entendidos como los pagos derivados de la contratación de la operación como impuestos, notarios, tasaciones y comisiones; y costo final del crédito, que da cuenta del monto total a pagar por el crédito, en dinero.
Sin embargo, como el diablo está en los detalles, la implementación de la norma no ha estado exenta de inquietudes. Su implementación abrió interrogantes -sutilezas, señalan fuentes del mercado- que requerirán ajustes por parte de la autoridad.
Temas pendientes
1El reglamento establece para cada simulación un monto tope. Éste es de hasta UF 5.000 para hipotecarios; un cupo de hasta UF 500 para tarjetas y hasta UF 1000 para consumo. La duda, afirman, es cuántas simulaciones hacer, lo que puede variar según el segmento al que esté enfocado el banco, generando respuestas diversas. Otro punto tiene que ver con si los montos de los préstamos son líquidos o brutos, lo que también quedó abierto a interpretación.
2Las tarjetas de crédito implicaron un desafío adicional, porque se trata de un cupo que se puede usar o no en un tiempo determinado. Así, estaba la posibilidad de decidir tramos de cupo usado o un tramo total y según eso calcular el CAE.
3En hipotecarios hubo dos temas: definir si los seguros cubren la deuda insoluta o el avalúo comercial y determinar los gastos por trámites por notaría o conservador de bienes raíces, que no son estándar.