Los riesgos legales de Banco Santander por la compra de Banco Popular más los ajustes por el impacto de la operación en las alianzas de la entidad quebrada se avalúan entre 1.200 millones y 4.100 millones de euros, con un escenario central de 2.700 millones de euros (unos US$ 3.360 millones), según se desprende del informe de valoración económica de Banco Popular publicado hoy por la Junta Única de Resolución en España.
Estas son las magnitudes que se observan de una tabla publicada en ese informe, en el que se hace la valoración económica de Popular teniendo en cuenta un escenario pesimista, otro optimista y uno central.
El ejercicio parte de un patrimonio neto declarado de 10.800 millones de euros a 30 de marzo de 2017. De ahí se hacen los ajustes por áreas. En el mejor de los casos, Deloitte calcula un impacto negativo de 11.800 millones de euros, de 20.600 millones en el peor y de 14.700 millones en el central.
Por ejemplo, en este último, al patrimonio neto de 10.800 millones se restan 3.500 millones de euros por deterioros en préstamos, 3.100 millones por ajustes en la cartera inmobiliaria, 2.700 millones por activos de crédito diferidos, 2.200 millones en activos intangibles y 500 millones en 'equity' y renta fija. En total suman 14.700 millones.
En los tres escenarios, las dos únicas partidas que están tachadas (a instancias de Banco Santander, según explican fuentes de la JUR) son las "contingencias legales" y las "alianzas, asociaciones y subsidiarias".
Sin embargo, fuentes financieras advierten de que la cifra correspondiente a "alianzas, asociaciones y subsidiarias" no tiene por qué ser necesariamente negativa. Si lo ajustes por este concepto fueran positivos, querría decir que los riesgos legales del Popular serían superiores a esos 2.700 millones de euros.
Riesgos legales
El informe de Deloitte constata que dos de los aspectos que introducen mayor incertidumbre en la valoración de Popular son los riesgos legales y la batería de alianzas de negocio que tenía el banco. También son los ámbitos en los que persiste mayor opacidad, al haberse censurado el grueso de la información contenida en el documento original en la versión difundida al público.
Deloitte identifica cuatro frentes de riesgo legal en Popular: los litigios por cláusulas suelo hipotecarias, los bonos convertibles comercializados entre minoristas, la creciente judicialización del reparto de los gastos hipotecarios entre bancos y clientes, y las dos últimas ampliaciones de capital realizadas por la entidad: la captación de 2.500 millones que realizó en junio de 2016, pero también la apelación al mercado por otros 2.500 millones de 2012.
El documento recoge el colchón de provisiones que tenía Popular a marzo del pasado año para cubrir estas contingencias. Un total de 939 millones, correspondiendo el grueso, cerca de 500 millones, a las cláusulas suelo. La auditora ha realizado una estimación del posible quebranto que podría sufrir el banco en dos escenarios, uno más benigno y otro más negativo, pero las cifras no están recogidas en el informe publicado por la Junta de Resolución. Éste mantiene especial confidencialidad sobre los potenciales riesgos por los pleitos por las ampliaciones.
"La prensa ha rumoreado con contingencias asociadas con las pasadas ampliaciones de capital, pero todavía no se han recibido demandas", dice el informe, fechado en junio, antes de que la resolución de Popular provocara la avalancha de demandas vista en los últimos meses. En octubre, la Audiencia Nacional admitió las primeras querellas por las ampliaciones de capital. "Hay un escenario de considerable incertidumbre, donde recomendamos una opinión legal sobre las posibles demandas, probabilidad de éxito y potenciales pagos", indica.
Entre los factores que generan incertidumbre a la hora de valorar el riesgo legal, Deloitte cita la ausencia de información detallada de casos en los que los gestores habían descartado la existencia de conflictos. También falta de datos sobre costos notariales o las provisiones asociadas por tipología de litigios. La falta de tiempo e información igualmente han impedido a Deloitte analizar las pensiones y otras provisiones.
Ajustes por alianzas
La firma, por otra parte, ha valorado la batería de alianzas y negocios conjuntos que mantenía Popular. Entre ellos, el negocio de tarjetas de WiZink, la gestora Aliseda (ya recomprada y vendida de nuevo a Blackstone este verano), el negocio de seguros y fondos con Allianz, o el mexicano BX+. Estas participadas estaban valoradas en el balance de Popular en 1.908 millones de euros a marzo de 2017.
Deloitte, aplicando distintos métodos de valoración, les atribuye una valoración de entre 1.830 millones y 2.326 millones, lo que supondría la generación de minusvalías por 78 millones en el escenario más negativo y plusvalías de 418 millones en el optimista. Si a estas participadas se les sumaran las eventuales ganancias derivadas de otros tres negocios (banca privada, TotalBank y la antigua financiera de Pastor), el rango de valoración sube a entre 2.200 y 2.700 millones.
La auditora, no obstante, reconoce que estos precios están sujetos a distintas incertidumbres derivados de la integración de negocios, incremento de intangibles o salidas de liquidez, entre otros. Santander está actualmente renegociando estas alianzas con los antiguos socios de Popular y las eventuales compensaciones por la ruptura de los pactos.
En línea con la limitada información recogida en el informe sobre riesgos legales y alianzas, Santander se ha mostrado reacio en los últimos meses a facilitar datos sobre ambos aspectos. La presidenta del grupo, Ana Botín, ha manifestado esta misma semana la negativa del banco a la publicación de información sobre los antiguos negocios conjuntos de Popular. El grupo también ha rechazado facilitar cifras concretas sobre el colchón de provisiones que acumula para cubrir los riesgos por la judicialización de Popular, aunque ha insistido en que cuentan con suficientes provisiones.
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