La industria financiera del país como sus sindicatos, han empezado a mover sus fichas en el marco del nuevo escenario que trajo la reforma laboral. Con el fin de evitar la judicialización producto de la definición de los servicios mínimos en caso de huelga, y así entrampar los procesos de negociación colectiva, es que distintos actores de la banca y algunas AFP está adelantando sus conversaciones con los sindicatos.
Detrás de esta decisión está la incertidumbre que provoca el que puedan ser los Tribunales de Justicia los que definan los servicios mínimos, lo cual podría ocurrir si es que las propias compañías no logran un acuerdo con sus trabajadores y luego alguna de las partes no queda conforme con lo definido por la Dirección del Trabajo (DT).
Uno de esos casos es el de Banco Santander, entidad que esta semana logró con la mayoría de los sindicatos de la entidad, que alcanzan las 22 agrupaciones, llegar a un acuerdo, tanto en lo que respecta a la negociación colectiva como a la definición de los servicios mínimos.
Los acuerdos en Santander
Fuentes cercanas a la Federación de Sindicatos del banco de capitales españoles comentan respecto de la definición de servicios mínimos, de la cual quedaron fuera sólo un par de sindicatos, se acordó que en caso de huelga se requiriera aproximadamente el 21% de los trabajadores de planta del banco.
Lo acordado resulta ser un triunfo para la entidad, no sólo porque le permite descartar la opción de recurrir a la DT por esta materia, sino además porque la dotación acordada supera con creces las de otros bancos que han avanzado en este proceso.
Por ejemplo, Banco de Chile, entidad que sólo logró asegurar el 9% de su dotación en caso de huelga, de acuerdo a la última resolución de la DT, la cual definió luego de que ambas partes no coincidieran. Hoy, la entidad aún se encuentra analizando si recurrirá a los Tribunales por dicha razón.
Además, Banco Santander logró llegar a acuerdo con sus trabajadores respecto del contrato colectivo, el cual recién vence a finales del otro año. El convenio definitivo entre ambas partes no está definido aún, pero sí se estipuló en esta oportunidad que las conversaciones comenzarán en diciembre, al mismo tiempo que se estableció el piso sobre el cual se negociará. El objetivo es finalizar todo el proceso durante el primer trimestre del 2018.
Por su parte, en Itaú se encuentran en pleno proceso de análisis. El banco, el cual tras la fusión con Corpbanca hoy cuenta con cinco sindicatos -uno correspondiente a Itaú y cuatro al ex Corpbanca-, mantuvo ayer reuniones a nivel gerencial para definir la posibilidad de seguir la tendencia y adelantar sus conversaciones con los trabajadores.
El primer acuerdo colectivo de la entidad en vencer lo hace durante el primer semestre de 2018, mientras que los correspondientes a los cuatro sindicatos del ex Corpbanca lo hacen a partir de julio de 2018.
A su vez, son tres los actores de la banca que han entrado a definir los servicios mínimos además de Santander, BancoEstado, Banco Ripley y Banco de Chile.
El caso de Provida
En el sector de las AFP, la pionera está siendo Provida, entidad que decidió adelantar el proceso. Su contrato suscrito con el sindicato administrativo tenía como fecha de culmino el 31 de diciembre de este año, por lo que la negociación debía tener lugar en noviembre luego de tener lista la definición de los servicios mínimos.
Hace dos semanas la gerencia ofreció adelantar la negociación a la organización sindical para llegar a un convenio colectivo, lo que fue aceptado por los dirigentes de los trabajadores.
Dicho acuerdo se firmó el viernes pasado. La idea fue solucionar las diferencias sin tener que llegar a instancias judiciales. Según fuentes conocedoras del proceso, de lado y lado reconocían el peligro que significaba que entidades externas a la gestora y “sin conocimiento de la empresa” resolviera los desacuerdos.
La próxima semana se comenzarán a discutir y definir los servicios mínimos en caso de una huelga. La preocupación de la compañía, de acuerdo a conocedores de las tratativas, es poder asegurar la cadena de recaudación de cotizaciones, el pago de éstas y en cierta medida la atención al cliente. El objetivo sigue siendo el mismo: no llegar a una situación donde la DT tenga que zanjar diferencias. Se espera que el acuerdo para adelantar la negociación colectiva y la definición de servicios mínimos que se apronta en la AFP ligada a Metlife marcarán la pauta para el resto de la industria.
Los procesos en la industria
BANCO RIPLEY La segunda semana de agosto la administración del banco y el sindicato recibieron la resolución final de la DT. Fruto de ello, el sindicato recurrió a la justicia para revertir la decisión y está a la espera del fallo.
BANCOESTADO A principios de agosto el sindicato de BancoEstado anunció el acuerdo de un convenio colectivo con la administración. Dicho proceso, significó un desembolsó de un bono por término de negociación de $ 4,5 millones bruto. Respecto de los servicios mínimos están a la espera de la resolución de la DT.
BANCO DE CHILE El 20 de septiembre la DT envío su resolución final respecto de los servicios mínimos, que término aumentando de 7% a 9% de los trabajadores requeridos para los equipos de emergencia. Desde la gerencia general comentaron que dicho porcentaje pone en peligro la cadena de pago y evalúan las opciones a seguir.
AFP PROVIDA A mediados de agosto la AFP ofreció adelantar la negociación colectiva con el sindicato administrativo establecida a iniciarse en noviembre de cara al vencimiento del contrato colectivo que culmina el 31 de diciembre de este año.
Gobierno refuta a críticos y dice que no ha explotado conflictividad
Un positivo balance realizaron ayer las autoridades del Ministerio del Trabajo, encabezadas por la titular de la cartera, Alejandra Krauss, de los primeros seis meses de vigencia de la Ley que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales. Y el mensaje esencial fue para los críticos al mayor cambio al Código del Trabajo en los últimos 30 años: "Se pueden descartar los escenarios de mayor conflictividad y judicialización".
Durante el período abril-septiembre se observaron 47 huelgas, de las 334 aprobadas, lo que implica una baja de 25% a 14% las movilizaciones con respecto a 2016, lo que -a juicio de Kraussconstata que los augurios realizados antes de la entrada en vigencia de la normativa fueron errados. "A pesar de que se trata de cifras iniciales, podemos señalar que la explosión de conflictividad que dijeron algunos sectores y expertos no ha sido tal. Nada de lo que se anticipó por muchos se ha producido. No hay más huelgas, no hay más juicios y no hay más desempleo", señaló la secretaria de Estado.
Sobre la duración de las paralizaciones, éstas se mantuvieron dentro del promedio de los últimos cinco años, alcanzando los 13,9 días.
La ministra también destacó que la reforma ha "generado nuevos espacios de diálogo entre empleador y sindicato, y de esa forma, ha contribuido en mejorar las relaciones laborales en la empresa, que es lo que en definitiva busca esta nueva normativa".
Argumentos frente al escepticismo
Las autoridades informaron que el 18,8% de las empresas (2.177) que potencialmente podría haber requerido de servicios mínimos, efectivamente lo hizo, lo que se enmarca -dijeron- dentro de las cifras esperadas por el ministerio.
"También es importante destacar la capacidad de acuerdo de empresas y trabajadores en materia de servicios mínimos; 38% de los servicios mínimos se califican por acuerdo entre las partes, lo que desmiente el escepticismo que había en esta materia", sostuvo el subsecretario Francisco Díaz.
Además, solo trece causas de servicios mínimos han sido reclamadas ante la Justicia, lo que representa el 1,17% en relación a las negociaciones de este año, y un 3,1% en relación a los servicios mínimos calificados durante 2017.
"Acá lo que hemos hecho es una implementación oportuna y profesional, como demuestran las cifras. Estamos satisfechos por cómo se ha ido dando el proceso, porque así colaboramos a dar certezas a las partes ante una nueva normativa", afirmó Díaz.
Desde el ministerio también relevaron el hecho de que se mantiene la tendencia del último año en cuanto a disminuir las infracciones por reemplazo ilegal en huelga.
Por último, las autoridades informaron que se ha abierto dos causas sobre grupos negociadores, lo que representa solo un 0,17% de las negociaciones colectivas de 2017.
En este marco, se subrayó el rol que la DT en aplicar la normativa y sobre todo en el rol de calificar los servicios mínimos.
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