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Publicado: Martes 17 de octubre de 2017 a las 21:01 hrs.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se pronunció respecto al recurso dilatorio que interpuso BancoEstado contra los bancos Internacional, Bice, Security y Scotiabank, los que alegaron hace tres meses atrás actos anticompetitivos por parte de la entidad estatal.
El tribunal resolvió acoger parcialmente las excepciones dilatorias contra Banco Internacional, Bice y Security. Dichas entidades deberán corregir sus demandas, indicando sobre qué tarifas interbancarias recaería la discriminación. Además tendrán que clarificar cuál es el hecho, acto o convención que originaría la distinción de precios acusadas. En esa línea, los magistrados esgrimieron que "las demandas tampoco son lo suficientemente claras en exponer la época en que se habría comenzado a cometer la conducta imputada ni el hecho que le habría dado origen".
No obstante, el escenario para Scotiabank fue distinto. El TDLC no aceptó el recurso interpuesto por BancoEstado y señaló en el texto de la resolución que "esta demandante ha sido clara en exponer la época en que se habría comenzado a cometer la conducta imputada" a diferencia de los otros tres persecutores. Ahora, BancoEstado tiene 10 días para contestar la demanda del banco canadiense.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
“Hay muchos servicios que hoy día el sistema puede prestar y que van a mejorar la percepción de los ciudadanos y de los usuarios y no necesariamente bajar las tarifas, porque creo que es una pésima señal”, enfatizó Carlos Cruz.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.