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REGÍSTRATE AQUÍMientras, el ministro Gómez-Lobo estima que se puede resguardar una competencia en igualdad de condiciones.
Por: Camila Araya G
Publicado: Martes 3 de mayo de 2016 a las 04:00 hrs.
La principal crítica que ha recibido la posibilidad de que Metro emita tarjetas de prepago, en el marco de la indicación que añadió -y que luego retiró- el Ejecutivo al proyecto de ley que permitirá a entidad no bancarias operar estos plásticos, es la ventaja que tendría la empresa estatal frente a otros actores.
Sin embargo, el presidente de la entidad, Rodrigo Azócar desestima ese argumento.
"Nosotros hemos planteado que cualquier emisor de instrumentos de prepago pueda tener acceso a la aplicación Bip! de forma de eliminar la asimetría que se podría decir que tiene el Metro", comentó ayer, al hablar por primera vez sobre la materia en forma pública, en el marco del lanzamiento de 900 máquinas dispensadoras que serán habilitadas para que los usuarios del sistema de transporte público de Santiago puedan cargar sus tarjetas.
En ese contexto, frente a los cuestionamientos que se han hecho tanto desde la banca como desde otras instituciones financieras que también están consideradas en la iniciativa -como las cajas de compensación y el retail financiero-, indicó que "cada uno tiene derecho a emitir sus opiniones y a defender sus negocios".
Aunque advirtió que "lo que nosotros queremos básicamente es competir. No queremos ningún tipo de privilegio, ni estamos apuntando a que se nos otorgue nada. Todas las cosas que vamos a hacer las vamos a postular en licitaciones".
Efectivamente la tarjeta Bip! permitiría reducir los costos de transacción en forma importante, añadió, lo que considera una contribución al sistema, y que además lo haría más competitivo.
Es por eso que han estado conversando con el Ministerio de Hacienda para que se reincorpore la indicación que incluía a Metro en la iniciativa.
La postura del gobierno
Por su parte, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, señaló que es un tema que tiene que ver Hacienda, dado que se trata de una materia financiera. Aunque precisó, tal como lo adelantó Diario Financiero, que la decisión de volver a añadir la indicación al proyecto de ley o tramitar otra iniciativa para Metro se tomará en las próximas dos semanas.
De todas formas, agregó que es posible tener una iniciativa que resguarde el que sea una competencia en igualdad de condiciones. "Creo que eso no es difícil de hacer (...) Hay formas de hacerlo de tal forma que no haya ningún subsidio cruzado, ningún problema de competencia", dijo.
Asimismo, sostuvo que como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones están interesados en potenciar los usos de la tarjeta Bip!
"Nosotros vamos a apoyar cualquier iniciativa que implique darle un mayor uso a esta tarjeta", precisó Gómez-Lobo.
La decisión del ejecutivo
Hace casi dos semanas que el gobierno tomó la decisión de retirar la indicación que incluía a Metro en el proyecto de ley que facultará a las entidades no bancarias a emitir tarjetas de prepago.
La noticia se dio a conocer justamente el día en que la medida sería votada en la comisión de Hacienda del Senado.
¿Las razones? De acuerdo a lo comentado por el ministerio de Hacienda tras dicha instancia, esto se decidió "con el fin de facilitar y avanzar más rápidamente en la tramitación del proyecto de Medios de Pago que es clave para aumentar la competencia y la inclusión financiera".
No obstante, trasciende que se debió a presiones del sector privado.
De todas formas, un día después el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, comentó que no se descartaba reincorporar la indicación a la iniciativa que lleva más de dos años de tramitación.
Toma fuerza la idea de que, en primer lugar, el cargo sea nombrado por Alta Dirección Pública (ADP). Además, piden dejar sin efecto y revisar una serie de dictámenes controversiales.
La entidad de educación parvularia recurrió a la Corte Suprema para intentar revertir una “condena real de más de $ 1.800 millones”, la que considera “absolutamente expropiatoria, ilegal, injusta y abusiva”.
Si bien la conducta fue considerada "grave" por el ente regulador, este optó por una amonestación menor debido a que no se acreditó un daño directo al mercado ni la obtención de un beneficio económico.
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