La fórmula de Alejandro Charme para crear una pensión de longevidad sin gasto fiscal
La propuesta del abogado implicaría crear dos fondos y funcionaría como sustituto de un seguro de longevidad o de dependencia.
Por: María Paz Infante
Publicado: Jueves 12 de septiembre de 2024 a las 13:33 hrs.
El abogado y exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, Alejandro Charme. Foto: Julio Castro
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En los seminarios y temas sobre la reforma de pensiones el abogado y exfiscal de la Superintendencia de Pensiones, Alejandro Charme, es un nombre que se repite. Fue asesor de los diputados RN durante la tramitación del proyecto de ley en la Cámara Baja y ha expuesto en las audiencias, tanto en ese entonces, como durante el segundo trámite constitucional en el Senado.
Ahora, Charme lanzó una nueva propuesta que permita contribuir al debate y a la búsqueda de un acuerdo: una pensión de longevidad.
El abogado afirmó que, si bien está definido que el foco debiesen ser mujeres, clase media y media alta que han cotizado durante muchos años y tienen bajas tasas de reemplazo, “las propuestas que están sobre la mesa, a la fecha, parecen un juego de sumatorias igual a seis, sin un análisis de datos que justifique tal distribución”.
“Inyecta más solidaridad al sistema en su fase de ahorro y de pago de pensión”, dijo Charme.
Charme señaló que “el diagnóstico muestra que el foco de la reforma es mujeres, clase media y media alta y que los pensionados futuros tendrán tasas de reemplazo más bajas. Entendiendo ese escenario, esta propuesta pretende entregar una pensión adicional a las existentes, que coexista con la PGU, financiada con contribuciones y cero aporte fiscal”, apuntó.
En detalle, la propuesta se focaliza en un grupo objetivo que requiere el beneficio por ser el más longevo del sistema. Para ello, planteó crear dos fondos, el Fondo Solidario de Longevidad (FSL) y el Fondo Individual de Longevidad (FIL). Del 6% de cotización adicional se cotizaría 0,35% para el primero y 0,45% para el segundo.
El FSL pagaría UF 0,1 por año cotizado con un tope de UF 3 –como establece la reforma hoy-, pero a quienes hayan cotizado al menos 10 años, y el FIL otorgaría un monto autofinanciado que incrementaría la tasa de reemplazo en más de 10% si la rentabilidad real de los fondos es 4% y un poco menos del 10% si se acerca a 3,5%, explicó Charme.
El abogado especificó que “la pensión se devengaría para ambos sexos a la edad de expectativa de vida del sexo que vive menos, hoy 87 años (hombres), beneficiando al 50% de estos que sobrevive dicha edad y más del 50% de las mujeres beneficiándose cuatro años antes de su expectativa de vida”.
La propuesta establece que, si la persona fallece antes, los recursos del FIL serían de su propiedad, por ende, “elevarían la masa hereditaria si no hay beneficiarios de pensión y los recursos del FSL ceden en favor de los más longevos”, dijo.
En tanto, entre los 65 y los 87 años -fecha en que comienza a recibirse la pensión- los recursos depositados en ambos fondos se duplican si la rentabilidad es al menos un 3.5%, “por lo que deben quedar afectos al fin específico de pagar pensiones de longevidad, para evitar cualquier riesgo político de un uso distinto”, explicó Charme.
Las ventajas de la medida
El también académico de la UDP y la PUC enumeró las ventajas que tiene una propuesta de este tipo, entre ellas, porque focaliza en el grupo de pensionados que incurre en mayores gastos y que no tiene la posibilidad de generar rentas adicionales, siendo un sustituto de bajo costo del seguro de longevidad y/o de dependencia.
Además, aseguró que “inyecta más solidaridad al sistema en su fase de ahorro y de pago de pensión” y que como toda prestación que conlleva un seguro social o fondo colectivo exige un mínimo de años cotizados.
El abogado agregó que su propuesta permite una administración por las actuales AFP o ser licitado a un privado del tipo AFC y que el horizonte de inversión es más largo porque se devenga a la expectativa de vida del hombre.
Por último, destacó la propiedad y heredabilidad del FIL si la persona fallece antes, además “establece un seguro social a un costo de 0,35 puntos de cotización, notoriamente inferior a la propuesta de Gobierno, focalizándose en un grupo que incurre en mayores gastos de salud y cuidado, cuya transitoriedad podría ser asumida por el Estado, si traslada a este grupo el beneficio de las 0,1 UF, dejando atrás la figura del préstamo –que es un reparto- que deteriora las pensiones futuras”, expresó.
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