En las últimas semanas, el Gobierno fue dando luces de lo que será la reforma de pensiones que se estrenará en octubre. Pero el domingo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, fue más allá y entregó definiciones que no solo sorprendieron al mercado, sino que a buena parte de los parlamentarios que habían sido convocados por el Ejecutivo para socializar la propuesta en los días previos.
Jara afirmó en TVN que la reforma establecerá el término de la modalidad de pensión por retiro programado que ofrecen las AFP y la creación de una renta vitalicia que tenga la posibilidad de heredabilidad de los fondos ahorrados.
Otra de las novedades de la reforma es una AFP estatal. Esto, al proponer la creación de un gestor de inversiones del Estado que compita con las administradoras privadas en las cotizaciones obligatorias futuras.
El nuevo actor
La nueva entidad pública de gestión de inversiones tendrá autonomía legal, financiera y un consejo de siete miembros, tripartito y paritario, señala un documento del Gobierno. Su labor será “administrar obligatoriamente el 6% y competir con privados por el 10%”, de cotización previsional obligatoria vigente (flujo).
Los recursos de ambos fondos (6% solidario y 10% individual) serán administrados con total independencia uno del otro.
La apuesta del Ejecutivo es ofrecer una alternativa de bajo costo, estimando una comisión de 0,5% del ingreso mensual del trabajador. Además, las personas tendrán la opción de elegir entre gestores, abriendo el espacio a más actores que las nuevas AFP (que solo gestionarán inversiones) y el ente público.
Pero aquellos afiliados que no manifiesten explícitamente su preferencia por la entidad que le administrará sus recursos, serán destinados por defecto al gestor estatal, tal como ocurre hoy con Fonasa.
Esta alternativa es clave en el diseño del nuevo esquema previsional, ya que las estimaciones del Ejecutivo indican que “si la mitad de las cotizaciones del 10,5% se van al ente público, casi un 70% de las cotizaciones estarían administradas por un ente público a bajo costo”.
Asimismo, se explicita la creación de un “nuevo servicio público a cargo de las tareas de soporte de la totalidad del sistema”, o administración de cuentas que dejará de estar en manos de las AFP.
El nuevo servicio público tendría un director a plazo fijo y sería financiado con presupuesto fiscal, siendo muy probablemente delegado al Instituto de Previsión Social (IPS).
Otro de los cambios que vienen de la mano del nuevo gestor público de inversiones, es el reemplazo de multifondos por los fondos generacionales, que serán administrados con lógica de largo plazo, según la edad del afiliado.
Mejora de pensiones
Con estos cambios, la reforma permitirá mejorar pensiones -además del aumento de la PGU, de $ 193 mil a $ 250 mil-, vía “pilar contributivo a los actuales y próximos jubilados, con UF 0,1 por año cotizado”; y a los futuros pensionados con mejoras “entre 35% y 40% por el 6% contributivo solidario; y entre 20% y 30% por mejora a organización industrial, baja de costos y rentabilidad en el pilar contributivo capitalización individual”.
Rentas vitalicias con opción a herencia:
el debate que genera la apuesta del Gobierno
El diputado DC, Alberto Undurraga, recalcó que lo importante “es que el principio de heredabilidad de los fondos individuales se mantenga”.
La propuesta del Ejecutivo de promover una renta vitalicia con herencia en la reforma de pensiones fue objeto de análisis en el mercado.
Según el Gobierno, esta modalidad “facilita la elección de las personas y deja en evidencia los costos de la herencia, potenciando el valor de la pensión”. Sin embargo, tanto en las AFP como en el sector asegurador estiman que la idea puede ser más una respuesta política que una propuesta de mejora de pensiones.
Esto, porque bajaría desde cuatro (renta vitalicia, retiro programado y combinaciones entre ambas) a solo una opción de pensión, y porque el costo de garantizar una herencia implicará menor pensión inicial.
Actualmente, las rentas vitalicias ofrecen períodos garantizados de pensión de sobrevivencia, en que el afiliado elige espacios de cinco y hasta 20 años, en que en caso de morir, deja una pensión a sus beneficiarios legales.
De incluir la herencia en la renta vitalicia esta operaría después de ello y la industria ha sugerido algunas alternativas. Una es la renta vitalicia con opción temporal a herencia, que establece un período en que, si el titular fallece, se constituye herencia por un monto establecido al momento de jubilar; y la renta vitalicia con pago mínimo garantizado, donde se define como herencia una pensión o mediante un pago único a sus herederos legales o designados. En ambos casos, la pensión baja al inicio porque se destinan recursos a pagar la herencia. La propuesta del Ejecutivo combinaría estas opciones.
El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, el diputado DC, Alberto Undurraga, indicó que “cuando se anuncia que se acaba el retiro programado, independientemente del instrumento, lo importante es que el principio de heredabilidad en los fondos individuales se mantenga”.
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