Proponen modelo alternativo al planteado por la SVS para la autoevaluación de directorios

POR ERIC ROBLEDO



El proyecto propuesto por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que busca por medio de una norma incentivar a los directorios de las compañías listadas a adoptar un conjunto de buenas prácticas de gobierno corporativo presenta, según el socio de Amrop MV Consulting y también ex intendente de valores, Max Vicuña, un problema fundamental: la exposición pública de los resultados de la autoevaluación.

Según Vicuña, el sometimiento al escrutinio público de las prácticas de los directorios podría generar problemas para las compañías ya que dicha información podría ser mal leída por el mercado. De hecho, descarta los supuestos beneficios que generarían los rankings a partir de esta información.

“Si hubiese un ranking hecho por las bolsas sobre la calidad de la gobernabilidad, las AFP, por ejemplo, probablemente tendrían una propensión a invertir en las mejores rankeadas, cuando eso no es necesariamente un criterio de buena inversión”, señala. Asimismo, asegura que la mejor inversión no está necesariamente dada por el instrumento “más sano”, y, además, “tampoco el supuesto índice va a reflejar la sanidad de la empresa. En este sentido hay una doble distorsión”, dice.

No obstante, más allá de las críticas, Vicuña propone un modelo que su consultora ya ha venido aplicando con algunas compañías de la plaza que busca –al igual que la SVS– mejorar las prácticas de los gobiernos corporativos, sólo que por una vía diametralmente distinta.

En la propuesta que desde el miércoles pasado se encuentra en los despachos del superintendente Fernando Coloma y del intendente de valores, Hernán López, 
la empresa consultora sugiere que los datos obtenidos a partir de las encuestas generen una especie de ‘benchmark’ descriptivo contra el cual los distintos directorios de la plaza se puedan comparar.

El documento considera siete categorías: sobre el rol del directorio (y no de los directores individualmente); su funcionamiento; sus materias; sobre los comités del directorio; sobre la auditoría y riesgo; sobre el directorio y la alta administración; y sobre el directorio y los stakeholders.

“Esta evaluación no se mete con temas de inversión, con cuestionar el modelo de negocios, o con el detectar oportunidades de negocios. La propuesta se concentra exclusivamente en la gobernabilidad que tiene el directorio, más que su gestión y la de sus integrantes”, explica.

Contestarlo, además, sería voluntaria y todas las encuestas recogidas aportarían datos exclusivamente al ‘benchmark’, suprimiéndose el desgloce por compañía (considerado en la propuesta de la SVS) y eliminándose así la posibilidad de generar rankings o índices.



-¿Cree que está fuera de lugar el que la SVS invite a terceros a formar rankings a partir de la información generada con las encuestas?


- Encuentro que está totalmente fuera de lugar porque los rankings que se podrían armar pueden ser totalmente arbitrarios, pueden ser distorsionadores y en realidad podrían inducir a error incluso al público en general y los inversionistas.

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¿Habría esperado que la propuesta de la SVS hubiese incluído la generación de un propio ranking?


- No, habría esperado que la normativa de la SVS hubiese establecido que esto es una proposición para que las empresas lo acojan y no una imposición. Al menos en un período transitorio. Aunque tampoco debiera ser la imposición un formato proveniente de la Superintendencia.

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En definitiva, ¿por qué no debiera ser información pública?


- Creo que el mercado aún no está preparado y aún no tiene las herramientas suficientes como para administrar esta información que está totalmente en pañales.



- ¿Y sobre la obligatoriedad?


- En nuestro mercado bursátil existe una concentración bastante grande en la propiedad bursátil y esto quiere decir que se sacan a los controladores al pizarrón. Culturalmente hay una reticencia hacia esto. No creo conveniente que de la noche a la mañana haya que imponer el formato de autoevaluación y obligar a informarlo. (...) Creo que imponerlo en una primera instancia puede traer más costos que beneficios”

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- Existen entes que pueden acceder a información que no es pública, como las auditoras, las clasificadoras y el propio regulador. ¿Esperan que esto sea tomado por estos entes como información válida para el cumplimiento de sus labores? Esto, considerando que como no se expondrían a la luz pública los accionistas no sabrían de las prácticas de los gobiernos corporativos.


- Creo que esta es una información a la que la SVS debiera tener acceso y evaluar el contenido de esta información cuando ciertas situaciones puntuales lo ameriten...



- ¿Situaciones ex post?


- Exactamente. Que cuando sucedan ciertos eventos que la Superintendencia tenga la posibilidad de ver cómo estaba funcionando la gobernabilidad de la empresa como un antecedente adicional, pero no como un antecedente determinante ni definitivo, porque una evaluación de este tipo también ciertos niveles de subjetividad porque es la percepción que tienen los directores de la gobernabilidad de la empresa.