Considerando las estrechas relaciones comerciales entre firmas de inversión locales y de Estados Unidos es que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) pidió a las bolsas de valores, empresas de depósito y custodia, así como a las administradoras de fondos bajo su custodia, un diagnóstico sobre el impacto que tendría la entrada en vigencia de la ley FATCA ( Foreign Accounts Tax Compliance Act).
La normativa otorga facultades al gobierno de EEUU para tener conocimiento de las cuentas bancarias, depósitos e inversiones de los ciudadanos estadounidenses y extranjeros regidos por las leyes americanas fuera de su territorio.
La normativa requiere que las instituciones financieras extranjeras (FFI) proporcionen información al Internal Revenue Service (IRS, el servicio recaudador de impuestos de EEUU) sobre los estadounidenses que tengan inversiones en cuentas fuera de su país y que las entidades no financieras extranjeras (NFFE) proporcionen información sobre sus accionistas o partícipes.
Para las instituciones que no cumplan con la normativa, la legislación impone una retención de hasta 30 % sobre sus inversiones en el país.
Es por esto que la SVS solicitó ayer a las firmas locales estimar las implicancias para cada entidad y sus clientes, de la aplicación de la reforma y las potenciales dificultades legales u operacionales que tendrá cada firma para cumplir con sus operaciones.
Asimismo, pidió detallar el “plan de acción para evitar que los flujos de clientes nacionales y extranjeros, o de los fondos administrados, sufran la retención a que se refiere la nueva ley”. Lo anterior, especificando si cada una de las entidades está realizando gestiones con el objeto de celebrar el acuerdo respectivo con IRS. Al mismo tiempo, si están requiriendo información en ese sentido a los prestadores de servicios financieros nacionales o extranjeros que emplea cada firma.
Analizando caminos
Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron que el gobierno junto a todos los actores de la industria que se verán potencialmente afectados por la entrada en vigencia de esta norma, se encuentran en pleno proceso de trabajo para definir las vías de acción.
Aseguran que desde Hacienda se está haciendo la labor “con mucha seriedad” y en las conversaciones participan profesionales del área de mercado de capitales, temas tributarios y finanzas internacionales.
“Por ahora no hay decisión de cuál camino tomar, por lo que estamos en una etapa de evaluación porque entendemos que este es un tema de fondo para muchos actores locales”, comentaron en Hacienda.
Eso sí, advierten que hay preocupación porque para el sector privado esta norma extraterritorial puede tener un alcance importante, considerando la eventual retención del 30% de los flujos que tienen afuera para quienes no entreguen la información requerida.
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