En la presentación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) de hace un año, el Gobierno sobrestimó fuertemente la recaudación esperada por impuesto a la renta. Si comparamos la proyección que se hizo en ese momento con la del IFP que se presentó la semana pasada, la sobrestimación llega a US$ 2.800 millones. Al parecer existió un error, pero, aun así, debería haber llamado la atención de las autoridades en ese momento el exceso de optimismo en la recaudación de impuesto a la renta esperada, que crecía un 18% real, a pesar del incremento estimado para el PIB de 2,5%.
Tal sobre ponderación ha hecho necesarios anuncios de ajuste de gasto en los últimos meses, que están generando serios problemas en el área de salud, junto con la necesidad de hacer un nuevo retiro de US$ 1.000 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social.
Pese a lo complejo de la situación, pareciera que el Ejecutivo no ha asimilado por completo la lección, y sigue presentando un proyecto de Ley de Presupuestos que mantiene un sesgo optimista, tanto para las estimaciones de 2025 como para las de mediano plazo. Se trata de una postura en la no se reconoce del todo la fragilidad fiscal que enfrentamos.
Lo primero es que, si bien se aumenta la estimación del déficit para 2024, desde 1,9% del PIB hace un año a un 2% en 2025, este resultado sigue pareciendo muy difícil de lograr, a la luz de las cifras fiscales de los ocho primeros meses del año, especialmente en materia de ingresos tributarios.
Esto significa que la estimación de ingresos fiscales para 2025 se sustenta en una base probablemente mayor a la que se obtendrá, y a pesar de eso se vuelve a suponer una cifra elevada de aumento de los ingresos tributarios, de 9,7% real, con un crecimiento económico de 2,7%. Detrás de esta estimación está el optimismo de lo que se puede lograr con la reforma antievasión y elusión, y también un sesgo algo optimista en materia de actividad económica.
El proyecto de ley supone también un crecimiento del gasto de 4% real en relación con el nivel estimado para este año. Dado que éste podría terminar siendo superior, el cumplimiento de la meta de déficit fiscal para 2025, de 1% del PIB, se ve efectivamente muy difícil, considerando además que se trata de un año electoral.
Así, parece evidente que el principal déficit de este proyecto de Ley de Presupuestos es de realismo, pues la actual situación fiscal es peor a la incorporada en las estimaciones oficiales.
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